El imputado tiene 27 años y se le endilgó haber abusado sexualmente, amenazado, golpeado, lesionado y privado de la libertad a la mujer con la que tenía un vínculo de pareja desde el 2015 hasta el mes de octubre pasado.
El fiscal reveló que hubo un acuerdo previo entre los dos imputados para comerter el abuso sexual de un niño de 8 años. El hecho ocurrió en la vía publica donde el detenido hacía seña a quienes estaban en la zona para que agredan al niño. Se estaría investigando la participación de un tercer abusador.
La adolescente formaba parte de un contingente de estudiantes de otra provincia, que se encontraban de viaje de egresados.
El abuso se produjo durante un enfrentamiento entre dos grupos de estudiantes de sexto año en un hotel de barrio Santa Rita.
Sería el tercer ataque sexual sufrido por la mujer, su familia que en total ya presentó 28 denuncias. Además habrían golpeado a su hermano y a su hermana, manoseado a la madre y quemado su casa.
La justicia hizo lugar el pedido del abogado defensor y suspendió el juicio de debía comenzar hoy. Además ordenaron que se realice una nueva pericia psicológica a Daniela Cortés, la denunciante.
Se trata Elio Nicolás Montiel y el Sargento 1°, Luciano Emanuel Córdoba, imputados por los delitos de abuso sexual agravado reiterado y abuso sexual doblemente agravado en contra de una compañera de la fuerza, en el puesto ubicado en la localidad de Brinkmann.
Durante la nueva audiencia el joven quien cumplió con la primer parte de su condena volvió a negar el hecho. El fiscal ordenó que continué en libertad bajo un tratamiento hasta que comprenda la gravedad del hecho.
A días de que se cumplan 13 meses desde el aberrante hecho, luego de que el hijo del pastor evangélico huyera dela justicia por 176 días, esta nueva evidencia desarma la defensa del imputado.
Así fue resuelto en segunda instancia por los camaristas Alejandro Tizón, Oscar Burtnik y Martha Feijoó. El condenado es Francisco Miguel Simón, quien el año pasado había sido condenado a tres años de prisión por amenazas y desobediencia de un mandato judicial en un contexto de violencia de género. La nueva resolución fue ordenada a raíz de que el MPA apeló la decisión de primera instancia.
El médico, que encabezó el Centro de Operaciones de Emergencias durante la pandemia de coronavirus, había sido denunciado por su expareja.
