Una integrante de Amnistía Internacional en Argentina que actúa como "observadora" en el juicio por el crimen de Blas Correas, asesinado de un balazo en un control policial en Córdoba en agosto del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, aseguró este sábado que el homicidio del adolescente de 17 años configura un caso de "violencia institucional" que no fue "aislado ni exclusivo" de esa provincia, y afirmó que su rol es "asegurar las garantías del proceso y que se haga Justicia".
Se trata de la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, Noelia Garone, quien consideró en una entrevista con Télam que como observadora del juicio por jurados al que responden 13 policías de Córdoba por el crimen de Correas, busca que "se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia".
Sin embargo, apuntó a lo que consideró un claro caso de "violencia institucional" que se vivió en esa época del país, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, sobre el cual dijo que se requiere "cambios profundos en lo institucional y estructural de las fuerzas de seguridad" para evitarlos.
Garone dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas "no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad"..
En los primeros meses de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Amnistía Internacional realizó un relevamiento y en Argentina "fueron detectados más de 30 casos de violencia institucional y medidas arbitrarias" adoptadas por las fuerzas cuando aumentaron los controles por el riesgo sanitario.
Al respecto detalló que entre marzo y mayo de 2020 las fuerzas federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mientras que la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a 1.192 personas; en Santa Fe 21.478; en Córdoba 17.214 y en Chubut 6.419, entre otras provincias.
En ese sentido, Garone dijo que se requiere del "fuerte compromiso entre todas las jurisdicciones, federal y provincias, para adoptar medidas coordinadas y consensuadas para avanzar con cambios profundos. Es la única forma de terminar con estas prácticas", remarcó y agregó que se observa "voluntad de cambio, pero no al ritmo de la urgencia que se requiere".
La conducta policial de atacar a balazos el automóvil donde se transportaba Correas, no prestar atención médica de emergencia ni trasladarlo a un centro asistencial cuando todavía estaba con vida y el maltrato a los familiares "son delitos de violencia institucional", por lo tanto "el Estado debe responder por esas violaciones a los derechos humanos", aseveró Garone.
Amnistía Internacional fue admitida como 'observador' del juicio que, desde el 7 de septiembre, se realiza en los tribunales de la capital de Córdoba en contra de 13 efectivos policiales acusados por distintas responsabilidades.
Fuente: Télam
