8M 2022: por una reforma judicial feminista y popular

A  pocos días de la marcha por del 8M, vamos a recorrer uno a uno los principales pedidos de la lucha que plantean las organizaciones feministas. El 8 de marzo se estableció como el Día Internacional de la Mujer para conmemorar a las 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, que murieron calcinadas a partir de un incendio provocado para romper con la toma que llevaban adelante en protesta por las condiciones de trabajo y bajos salarios.

La huelga general de mujeres en todo el mundo retoma las calles este martes, y una de las principales demandas fue la “reforma judicial feminista”. La problemática del acceso a la Justicia y la transversalidad de la mirada feminista en el Estado, es parte del debate cotidiano de quienes trabajan con la agenda de derechos de mujeres y disidencias. 

En los apenas dos meses que pasaron el 2022 ya son 51 los femicidios registrados según el control de medios nacionales que realizan desde la organización Ahora Que Si Nos Ven.  El 20% de las víctimas de femicidio había realizado al menos una denuncia o contaba con alguna medida de protección.

En los primeros 2 meses del 2022 se registraron 51 femicidios

Si la idea de “justicia” fue pensada por varones (cisgénero, blancos, burgueses y heterosexuales) y el “sistema judicial” también fue diseñado por ellos para resolver aquellos conflictos que los tenían como sus protagonistas

Fallos judiciales que estigmatizan a las mujeres y disidencias, acusaciones que vulneran a quienes ya han sido vulnerados, miradas que criminalizan y recaen sobre las identidades travestis y trans, espacios judiciales gobernados por y para hombres que benefician femicidas y violadores. Estas cuestiones son producto de un poder judicial machista y androcéntrico diseñado en el siglo XIX que no quiere solucionar problemas del siglo XXI. Estas son las razones de que sea uno de los principales pedidos en la marcha de este año. 

¿De que hablamos cuando hablamos de esta reforma judicial?

Natalia Gherardi, Directora Ejecitiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, lo explica en una nota de LATFEM es un medio de comunicación feminista nativo digital, con sede en la Argentina. 

Pensar una reforma judicial desde una perspectiva feminista implica analizar todo el sistema de administración de justicia y la manera en que debe vincularse con las políticas públicas. El poder judicial está distribuido en los territorios provinciales con lógicas parecidas pero no idénticas en términos de institucionalidad y procedimientos aplicables a la hora de resolver las controversias en las que está en juego la vigencia efectiva de nuestros derechos. En los casos de violencias por razones de género el impacto es más contundente, pero en muchos otros temas también operan los estereotipos desde los cuales se analizan las relaciones sociales de género.

Una reforma judicial feminista debe analizar los temas en toda su complejidad, sin que ninguna área del derecho le sea ajena. Es preciso considerar no sólo cómo está integrado el Poder Judicial sino también los Ministerios Públicos (de defensa y fiscalías), cómo se distribuyen, con qué recursos financieros, humanos y técnicos cuentan para responder a las necesidades de la población. La evidencia empírica debiera guiar el proceso de reforma: no se trata de imaginar cómo quisiéramos que sea, sino de analizar en base a los datos concretos cómo está funcionando y respondiendo (o no) a las necesidades de la población.

Quiénes conforman el poder judicial en términos de género es relevante, pero también cómo trabajan y resuelven los casos a su cargo tanto varones como mujeres ya que todas las personas tienen la obligación de administrar justicia sin prejuicios de género ni de clase.

En la misma linea Paula Litvachky, Directora ejecutiva del CELS, tiene varias capas de respuestas.

El activismo judicial feminista interseccional (por ponerle un nombre) ha venido haciendo un surco que muestra cuán lejos está el sistema judicial de dar una respuesta reparadora de las injusticias y cuán presentes están los prejuicios, el clasismo, el racismo y el machismo en las formas jurídicas, en las interpretaciones que hacen de estas categorías, en los tiempos de la burocracia judicial, en la formas de escucha y en las decisiones de política judicial. El sistema judicial procesa conflictos, reclamos, disputas de distribución y reconocimiento.

Las reformas judiciales que se necesitan (en plural) tienen que estar orientadas a trabajar sobre este diagnóstico. Reformas procesales, planes de acceso a la justicia, cambios en la integración de la estructura judicial, repensar las respuestas para encontrar formas de reparación que no profundicen las desigualdades. Y, por último, la pregunta sobre la representación. Les fiscales, por ejemplo, representan los intereses de la sociedad. ¿Pero qué intereses y qué sociedad? Las discusiones sobre el ministerio público, sobre el acceso a la justicia y las defensas públicas debieran estar atravesadas también por discusiones sobre esta representación, sobre cómo visibilizar a quienes reclaman e intentan visibilizar formas particulares de violencia, desigualad o discriminación.

Ana Oberlin , Abogada especializada en género, derechos humanos y derecho penal, propone una mirada mas amplia  que  incluya no solamente la “perspectiva de género” sino también una perspectiva de derechos humanos.

El sistema judicial viene demostrando desde siempre que es un sistema conservador que esta creado de esta forma para garantizar la hegemonía de determinadas miradas, que no solo son cis-hetero-patriarcales, machistas y misóginas sino que también son clasistas. En el es una mirada que en general invisibiliza no solamente las experiencias de mujeres, lesbianas, gays, travestis, bisexuales, no binaries y trans,  sino que también invisibiliza las vivencias de niñes, de adultes mayores, de personas en situación de pobreza de una manera atroz. Es un sistema que realmente genera más violencia y más dolor. Entonces, una reforma judicial transfeminista tiene que incluir no solamente la “perspectiva de género” sino también una perspectiva de derechos humanos, que no solo es necesaria sino también obligatoria por distintos instrumentos internacionales y leyes nacionales en Argentina. Para lograr incluir esa mirada, lo primero que hay que atacar es la forma en que somos educades quienes estudiamos Derecho. Creo que hay que hacer una reforma muy profunda en las curriculas de las facultades, donde hoy las materias que incorporan al feminismo o transfeminismo son optativas y  ni siquiera están en todas las facultades; no hay un enfoque transversal a lo largo de la carrera.

 Además, creo que hay que modificar la forma de selección de quienes ingresan al Poder Judicial. Es sumamente importante que quienes seleccionan a esos integrantes tengan estas perspectiva —e insisto, tienen que tenerlas porque es obligatorio para les funcionaries judiciales— y sea un aspecto a evaluar a la hora de elegir a una persona que va a integrar el Poder Judicial en cualquiera de sus niveles; creo que es sumamente importante democratizar el ingreso porque parte del problema es que hoy quienes integran el Poder Judicial son les hijes de otres funcionaries judiciales que en general no tienen una formación que realmente incorpore una perspectiva transfeminista.

  Y otra cuestión que es sumamente importante es que hay que descontracturar y desritualizar el proceso penal en la forma en que hoy está planteado porque lo que genera es mayor dificultad en el acceso. Hay una cuestión con el lenguaje que es terrible: es un lenguaje que genera situaciones de poder y desigualdad que forman parte de la estructura que garantiza el poder de quienes ejercen el Derecho. Si pensamos en una transformación transfeminista, tenemos que tener esto en cuenta porque justamente una forma en la cual se ha construido el sistema judicial es alejándose muchísimo del resto de la sociedad, incluso desde el lenguaje. Parte de democratizar de una vez por todas el Poder Judicial, tiene que ver con romper con eso. Si no rompemos con eso, va a ser muy difícil conseguir una reforma de este sistema que es vetusto, antiguo y que está basado en valores y principios que asustan y que tiende a conservarse a sí mismo, y a conservar y promover el sistema cisheteropatriarcal. 

Esto tambien tiene que venir de la mano de ocupar espacios de poder que hoy solo son ocupados por varones cis, heterosexuales, de clases medias altas y blancos —y digo blancos en términos de sujetos no racializados—, por eso no se trata de incluir a mujeres, gays, lesbianas y trans en el Poder Judicial sino que hay que garantizar que esas personas tengan un lugar de poder y que les funcionaries tengan una perspectiva transfeminista.