El Poder Judicial de Córdoba, a través de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2da Nominación de Córdoba, en el expediente "Islyma", emitió una resolución sobre la construcción de la Autovía de Punilla.

En ella le exigen a la provincia de Córdoba y a la empresa “Caminos de las Sierras” que entreguen informes que justifiquen la “licencia ambiental” para la construcción de esta obra.

En 2021, la Secretaría de Ambiente de Córdoba emitió la resolución 192 donde aprobó el aviso de proyecto y el estudio de impacto ambiental para la construcción de la obra que unirá el dique San Roque con La Cumbre.

Piden informes sobre la preservación de patrimonio
Entre otras disposiciones, la resolución emplaza a la empresa Caminos de las Sierras y a la provincia de Córdoba (mediante la Agencia Córdoba Cultura) a que “intensifique y fortalezca la mesa de diálogo del Consejo de Participación Indígena para elaborar los consensos necesarios para preserva y salvaguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico”.

Además, le exige que informe sobre la existencia de un plan de manejo de “asuntos patrimoniales” destinados a la preservación del patrimonio arqueológico, paleontológico y cultural ancestral.

Así como la existencia de laboratorios para el trabajo de campo, el registro y la demarcación de los hallazgos junto a la puesta en valor de los elementos que se encuentren mientras se desarrolla la obra.

"En la medida que la ejecución del plan de avance de la obra puede determinar el hallazgo de elementos arqueológicos y paleontológicos y biodiversidad de preferente tutela jurídica, procede hacer lugar a la medida cautelar en este aspecto”, indicaron desde el Poder Judicial en la resolución.

Comunidades indígenas presentaron en agosto una nueva denuncia en la Justicia Federal por el “daño arqueológico irreversible”, por parte de la empresa Sacde y Roggio en inmediaciones del río Yuspe, en el marco de la construcción de la autovía que comanda Caminos de las Sierras.

“Este desarrollismo es ciego, no ve absolutamente nada, la tierra es tierra, hay que removerla, romper y nada más”, había dicho a La Nueva Mañana el abogado René Amsler, quien presentó la denuncia ante la fiscalía Federal Número 1 a cargo de Enrique Senestrari.

FUENTE LA NUEVA MAÑANA