Abuso en Rafaela: habría sido premeditado y buscan información sobre un tercer hombre

Se dictó la prisón preventiva para el hombre de 20 años cuyas iniciales son  N.A.S.  detenido por el caso de abuso sexual de un niño de 8 años en Rafaela. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola e impuesta por 60 días por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia desarrollada el domingo, desde las 18:30 hasta más allá de las 21:30 en los tribunales rafaelinos.

Por el hecho en principio fue sindicado otro menor, de 13 años, quien posteriormente fue sacado de la ciudad para ser trasladado a un instituto terapéutico de la capital federal. Se produjeron dos violentos enfrentamientos entre los vecinos enfurecidos por la situación, que culminó el viernes pasado con balas de gomas. 

Piedrazos y balas de goma en Rafaela durante la marcha por el niño de 8 años abusado

Mientras la instrucción de la causa avanza se van conociendo más detalles del caso (algunos de ellos no serán publicados para evitar revictimizar al menos y su entorno) . Loyola manifestó que a partir de un acuerdo previo, el imputado y otro adolescente que sería no punible, pasaron a buscar a la víctima con el objetivo de atentar contra su integridad sexual. 

Lo habrían llevado a un descampado donde lo sometieron y abusaron de él. Mientras  llevaban a cabo la terrible bejación contra el menor de apenas 8 años, N.A.S hacía señales para que quienes estaban en las cercanías se acercaran a agredir al niño. En tal sentido, el Fiscal añadió que otra persona que aún no fue identificada también abusó del menor. 

Además, en la audiencia se expuso que "el adolescente amenazó a la víctima para que no hablara con nadie sobre lo sucedido". Al respecto, precisó que "le dijo que si lo hacía, los iba a matar a él, a su padre y a otros integrantes de su familia".

El imputado es investigado como coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la intervención de dos o más personas y por la intervención de un menor de edad) y de promoción a la corrupción agravada (por la edad de la víctima, por el uso de violencia y amenazas y por la participación de un menor de edad).

“Las conductas ilícitas llevadas a cabo por los atacantes tuvieron entidad para desviar el normal desarrollo de la sexualidad del niño agredido”, aseguró Loyola.