Este martes llega a su fin en los Tribunales de Villa Dolores el juicio oral y público contra Oscar González, exlegislador provincial y referente histórico del peronismo cordobés. Se lo juzga por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el paraje Niña Paula, sobre el Camino de las Altas Cumbres en Traslasierra.
En el hecho colisionaron de manera frontal el automóvil BMW X1 conducido por González y un Renault Sandero en el que viajaban tres personas. A raíz del impacto murió la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, mientras que su hija Marina Szulewicz y su amiga Alexa Miranda resultaron con severas secuelas físicas y motoras de por vida. Pasado el mediodía, el juez Santiago Camogli dará lectura al veredicto tras semanas de debate en las que declararon más de treinta testigos.
La fiscal Analía Gallaratto sostuvo la acusación por homicidio culposo y lesiones agravadas culposas, al considerar acreditado mediante peritajes que González invadió el carril contrario en un sector prohibido. Por ello, solicitó una pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación para conducir. Por su parte, los abogados querellantes Germán Romero Marcón y Lucas Cocha exigieron 10 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la figura de dolo eventual, mientras que en el plano civil se presentó un reclamo indemnizatorio que supera los 11 mil millones de pesos.
En contraposición, los defensores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro pidieron la absolución del imputado, sosteniendo que el accidente fue responsabilidad de la víctima fatal por un sobrepaso fallido a un camión. La representación legal del Gobierno de Córdoba se alineó a la postura de la defensa para desestimar la responsabilidad económica del Estado provincial.
El caso estuvo rodeado de controversias desde el inicio, dado que el vehículo de alta gama conducido por González formaba parte de un lote judicializado cedido por la Justicia a la Unicameral para uso oficial, el cual circulaba además con una chapa patente clonada. Asimismo, generó indignación la difusión de imágenes posteriores al choque donde se observó a allegados al dirigente retirando bolsos del rodado antes de las pericias.
A la par del proceso penal que culmina en Traslasierra, los hechos derivaron en la apertura de investigaciones en la Justicia Federal sobre el patrimonio del exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las familias de las víctimas aguardan el fallo final tras haber rechazado previamente cualquier intento de suspensión del juicio a prueba.
