
Oscar González fue condenado a 3 años de prisión condicional y no irá a la cárcel

Pasado el mediodía de este martes, el juez Santiago Camogli, de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, dictó sentencia contra el exlegislador provincial Oscar González por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. En el hecho perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y sufrieron severas secuelas físicas las adolescentes Marina Szulewicz y Alexa Miranda.
González fue hallado culpable del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y lesiones culposas agravadas. El magistrado le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional —por lo que no irá a la cárcel—, además de ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y el pago de las costas del proceso. Durante el plazo de tres años, el condenado deberá fijar residencia ante el Tribunal y comparecer del 1 al 10 cada dos meses ante el tribunal de Ejecución. Los fundamentos completos del fallo se leerán el 12 de noviembre a las 12:00.
Desestimación de querellas y demandas civiles
En su resolución, el juez Camogli no tomó en cuenta los alegatos presentados por los abogados querellantes, señalando que los mismos contenían "serias deficiencias".
En la faz civil, la Cámara admitió parcialmente las acciones iniciadas contra Oscar González y la Provincia de Córdoba, condenándolos a abonar de manera conjunta sumas indemnizatorias que alcanzan los 31.633.758,86 pesos para Vera Szulewicz; 353.575.089,30 pesos para Marina Szulewicz; y 1.625.279.401 pesos para Alexa Valentina Miranda González.
Los antecedentes del caso y la mecánica del choque
La reconstrucción técnica realizada por el perito oficial Ramiro Ojeda y la fiscal Analía Gallaratto estableció que el automóvil BMW X1 conducido por González invadió el carril contrario tras efectuar una maniobra antirreglamentaria hacia la izquierda, colisionando de frente contra el Renault Sandero en el que viajaban las víctimas.
El siniestro generó una fuerte conmoción institucional ya que el vehículo conducido por el dirigente peronista había sido cedido a la Unicameral para uso oficial y circulaba con una chapa patente clonada. Asimismo, de las derivaciones del hecho surgieron investigaciones paralelas en la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.


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