
La empresa remarcó que los fondos fueron cedidos por adelantado por terceros por lo que requería el inmediato levantamiento de las medidas de fuerza.
Se encontraron con miembros de la Comisión de Género y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja. Les dieron a conocer las graves irregularidades y omisiones en la investigación que sacudió a Rafaela.
REGIONALES09/09/2022La familia querellante y el equipo legal que la representa comunicamos que el miércoles 7 de setiembre de 2022 fuimos recibidos en reunión conjunta por la Comisión de Género y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, para interiorizarse de las graves irregularidades y omisiones en la investigación, que fueron denunciadas públicamente en la conferencia de prensa del 27 de julio de este año.7
En una audiencia de dos horas detallron la carencia de perspectiva de género y niñez, la falta de objetividad y de transparencia, y la violencia institucional sufridas por la niña víctima y su familia por parte de las fiscales intervinientes en la causa de Abuso Sexual, del fiscal interviniente en la causa de Encubrimiento, y del Fiscal Regional N° 5, todo lo cual constituyó una grave obstrucción para el Acceso a la Justicia.
Las Diputadas se interesaron en diversos detalles de las situaciones afrontadas por la familia y su representación profesional y anticiparon que evaluarán en las Comisiones las próximas acciones a llevar adelante con el Fiscal General de la Provincia y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, respecto de lo denunciado.
Es importante recordar que desde sus inicios la investigación encontró todo tipo de obstáculos con la ausencia de pruebas tales como imágenes de cámaras de seguridad, de datos de ingreso y egreso de personas en el Colegio; y de otras pruebas fundamentales.
Al cumplirse un año del hecho denunciado, en la tarde del 27 de julio último, padres, abuelos y familiares de la niña víctima junto a sus abogados, convocaron a una conferencia de prensa para repasar lo actuado en la esfera judicial tanto por la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, como por los mismos abogados querellantes, llegando a una conclusión lapidaria: "El MPA se blindó" dijeron hace poco más de un mes.
La empresa remarcó que los fondos fueron cedidos por adelantado por terceros por lo que requería el inmediato levantamiento de las medidas de fuerza.
La trama se sitúa en la década del setenta, durante la oscura época de la dictadura en Argentina, y aborda temas de gran relevancia social
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