“Atento encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista”. Con esas palabras culmina el dictamen del fiscal Juan Manuel Delgado del 3 de agosto  en contra de la aplicación de la IVE en Córdoba, que se conoció en las últimas horas, refuerza la postura antiderechos y suscitó repudios de sectores políticos y sociales.

Las actuaciones se enmarcan en dos recursos de amparos presentados por Juan Aurelio García Elorrio, de larga militancia contra el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, en los que el ex legislador intenta impedir que la provincia cumpla en el territorio la ley nacional de interrupción del embarazo.

Concretamente, pide que “que se declare inconstitucional el plan o programa puesto en marcha por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos de acuerdo a la Ley Nacional N° 27610” y que “se declare inconstitucional respecto a las facultades propias no delegadas de la Provincia de Córdoba relacionadas con el poder de policía de salud”.

También fustiga que “planea entregar el misoprostol a niñas menores de dieciocho años (18) en espacios distintos a centros de salud de alta complejidad y ello no es posible porque el misoprostol es un fármaco que causa mucho daño en las mujeres, y más aún en las niñas, a pesar de las contraindicaciones que constan en el prospecto y sin consentimiento de los padres”.

Repudios

Recusado por al menos dos ONG´s, Delgado y su adjunto Pablo Bustos Fierro, firmaron dictamen haciendo lugar al pedido de García Elorrio, medida que suscitó fuertes críticas de sectores políticos y sociales. Laura Vilches, precandidata a senadora por la lista “Fortalecer a la Izquierda” en el FIT-U, señaló al respecto: “Repudiamos la resolución firmada por el Fiscal General Delgado ligado al Opus Dei y el Fiscal Pablo Busto Fierro, quien ha sido cuestionado fuertemente por organizaciones de Derechos Humanos, donde recomiendan al TSJ dar lugar al recurso que interpuso  García Elórrio para intentar frenar la implementación del Aborto Legal en nuestra provincia”.

La referente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas agregó: “Los argumentos son ridículos, dan lugar al pedido de representación “del Niño por nacer”, algo que el TSJ ya se negó producto de la enorme lucha del Movimiento de Mujeres que arranco el Aborto Legal”.

Conocido el documento judicial publicado por La Izquierda Diario, en la misma línea se pronunciaron el diputado nacional Pablo Carro y la precandidata Luciana Echevarría.

Por su parte, Liliana Olivero repudió enérgicamente esta decisión, porque atenta contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito: “Conseguir la IVE fue un enorme esfuerzo de la #mareaverde que nunca abandonó las calles en búsqueda de este derecho. Y ante este atentado contra nosotras y nuestros cuerpos, llamamos a estar alertas y mantenernos organizadas y movilizadas para torcerles el brazo a la justicia patriarcal, la Iglesia, los sectores antiderechos y el gobierno cómplice”.

Y agregó: “Lo cierto es que esta movida no nos sorprende. Alejandra Vigo fue la abanderada cordobesa de los antiderechos en el Congreso. Con su voto en contra sembró la confianza de los sectores que siempre se opusieron al derecho de las mujeres a decidir. Y ahora, en plena campaña electoral, centra sus spots publicitarios en las supuestas políticas de género de su gobierno. Una vergüenza”.

Por último, instó: "Sigamos movilizadas. Por la plena implementación de la IVE, contra los objetores de conciencia, en defensa de la ESI laica científica y con perspectiva de género. Por la inmediata separación de la Iglesia y el Estado. Por anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir".

FUENTE: LA NUEVA MAÑANA