Más allá del rechazo del papa Francisco a la donación de un millón de dólares del gobierno de Mauricio Macri para su proyecto de Scholas Occurrentes, la realidad es que el Estado argentino solventa buena parte del funcionamiento de la Iglesia Católica y lo viene haciendo desde hace décadas. Pago de sueldos y jubilaciones, beneficios impositivos y cesión de terrenos públicos, subsidios a escuelas católicas, una sumatoria que representa una erogación de miles de millones del presupuesto nacional, año tras año.
Este financiamiento tiene su origen en el artículo 2º de la Constitución Nacional, que indica que "El Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano", otorgándole así un estatus jurídico privilegiado al catolicismo frente a las demás religiones, pese a que Argentina es, en teoría, un país laico. Esta situación va a contramano de lo que sucede en la mayoría de los países occidentales, inclusive en los vecinos Brasil, Chile o Uruguay, en donde el Estado no financia -al menos no directamente- a ningún tipo de culto.
Si bien la Santa Sede y los diferentes gobiernos argentinos firmaron distintos concordatos a través de su historia, estableciendo los estatutos de su relación (entre ellos el rubricado durante la dictadura de Onganía en 1966), el más importante fue el aprobado por el general Jorge Rafael Videla en 1979, que decretó por ley que el Estado se haría cargo de las asignaciones mensuales, jubilaciones y demás beneficios a arzobispos y obispos, normativa que todavía sigue vigente.
Según consigna en su página web la propia Conferencia Episcopal Argentina -que maneja los fondos que recibe a través de la Secretaría de Culto- los aportes directos que recibe la Iglesia Católica son los siguientes:
-Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). En la actualidad, el sueldo básico de un juez es de alrededor de $80 mil si se suman adicionales),
-Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).
-Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.
-Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
-Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
Vale aclarar además que también existen los llamados "aportes indirectos", es decir, las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
En total, según lo dispuesto en el Presupuesto 2016, el aporte del Estado para la Iglesia Católica asciende a $133.998.031, un 21% más de lo recibido en 2015, que fue de $105.971.790. Sin embargo, es necesario aclarar que esta millonaria cifra significa apenas un pequeño porcentaje del dinero estatal del que se beneficia la Iglesia Católica.
En los presupuestos provinciales y municipales, así como también en las partidas de varios ministerios, se asignan cuantiosas contribuciones para los proyectos de asistencia social y caridad de la Iglesia Católica y las instituciones educativas de dicha religión, que multiplican en 10 o hasta 20 los millones que recibe directamente de la Secretaría de Culto.
