Sin Tierras ni manejo del fuego, el oficialismo le dio media sanción al proyecto de "Propiedad Privada"

Tras 12 horas de debate, cerca de las dos de la madrugada de este viernes, el oficialismo logró la media sanción en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin embargo, para lograr los 37 votos positivos que cosechó, debió resignar no solamente el capítulo 3, que buscaba ampliar los márgenes para la "extranjerización de la tierra", sino también el 4, que pretendía modificar la Ley de Manejo del Fuego para habilitar cambios en el uso del suelo de territorios incendiados.

Así, el texto aprobado concentra principalmente lo dispuesto para habilitar desalojos exprés y endurece las condiciones para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones.

De los tres senadores cordobeses, los dos de La Libertad Avanza, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, votaron a favor; mientras que Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, votó en contra.

Vale decir que a lo largo de la jornada, en todo el país se vivieron masivas movilizaciones en contra de la iniciativa del Gobierno. En muchos de los casos hubo represión policial. En Córdoba, por caso, las y los manifestantes derribaron un vallado que pretendía impedir el acceso al centro. En Buenos Aires, en tanto, hubo al menos 11 detenciones y una brutal represión de la Policía Federal, que dejó un incontable número de heridos.

En el inicio de la sesión del Senado, por acuerdo del oficialismo y la oposición, el pedido de la senadora kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, de que se le permitiera participar con voz y voto de manera remota, por atravesar un embarazo de riesgo, y también del radical Flavio Fama, quien cursaba dificultades de salud; pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación, lo que, en los hechos, le impidió efectivamente ser parte del debate.

Para el Gobierno se trata de un triunfo a medias, ya que si bien logró la media sanción del proyecto, socialmente el rechazo adquirió una resonancia impensada, con manifestaciones en contra de personajes influyentes de la vida pública y cultural, como Tini Stoessel, Lisandro Martínez, Fito Páez, Emilia Mernes, Nicki Nickole.

Asimismo, el texto que deberá discutir ahora Diputados carece de dos de los puntos medulares de la iniciativa oficialista, por lo que se ha vaciado su espíritu.

El debate parlamentario

Al inicio del debate, en su carácter de miembro informante del dictamen de mayoría, el senador Agustín Coto (LLA) detalló las modificaciones incorporadas al proyecto, incluida la eliminación del Capítulo III sobre extranjerización de tierras y puntualizó que: "El capítulo primero de la iniciativa que traemos a consideración propone una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y que sea debidamente justificada, para que la expropiación no se entienda desde una perspectiva de conveniencia administrativa, sino que busque restringir la interpretación del funcionario que inicia el proceso". Asimismo, aclaró que el Estado puede realizar expropiaciones y afirmó que "el propósito es reducir o eliminar la afectación eventual al patrimonio y al capital del individuo y disminuir la litigiosidad".

En relación con el capítulo referido a los desalojos, explicó que su objetivo es agilizar los procesos judiciales y dotar a la Justicia de herramientas con las que actualmente no cuenta. Respecto de las modificaciones vinculadas al manejo del fuego, sostuvo que "lo que se busca es que quien haya sufrido daños en su propiedad como consecuencia de un incendio no sea doblemente castigado". No obstante, aclaró que la iniciativa no procura beneficiar a quien cometa un ilícito, ya que deberá responder penalmente por sus actos. Finalmente, al referirse al Capítulo V, relativo al Registro de la Propiedad Inmueble, indicó que la propuesta apunta a actualizar los procedimientos y herramientas de registración mediante un proceso de modernización y digitalización.

Al término de su exposición, Coto afirmó que el proyecto expresa "la voluntad de desburocratizar, simplificar y hacer los trámites más veloces; que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello; que la propiedad privada, consagrada en nuestra Constitución, no sea vulnerada; y que el Estado entienda que su intervención debe estar orientada a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo".