Frenan en el Senado el polémico proyecto sobre "falsas denuncias" impulsado por Carolina Losada

El tratamiento del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios, fue dado de baja del temario previsto para la sesión del 6 de agosto en el Senado de la Nación.

A pesar de contar con dictamen favorable en la Comisión de Justicia, la iniciativa enfrentó un freno interno generado por dirigentes y mujeres de la propia Unión Cívica Radical (UCR), quienes convocaron a un encuentro para manifestar su rotundo rechazo al texto.

La propuesta busca reformar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal. En su versión más reciente, el texto reemplazó las referencias explícitas a "violencia de género" o "delitos contra la integridad sexual" por los conceptos de "delito doloso grave" y "persona vulnerable". El proyecto establece penas de 1 a 3 años de prisión junto con multas de 75 salarios mínimos, e incorpora agravantes que elevan la sanción hasta los 6 años en casos donde la denuncia haya derivado en la detención del acusado o en la restricción de sus derechos patrimoniales o familiares.

La iniciativa generó duras críticas por parte de dirigentes políticas y organizaciones de la sociedad civil como ELA, CELS, INECIP y Ni Una Menos. Las entidades advierten que las penas propuestas para las falsas denuncias superan a las fijadas para el abuso sexual (que parten de los 6 meses) y sostienen que la ambigüedad de la redacción incrementa la discrecionalidad judicial, con el objetivo implícito de atemorizar y desincentivar a mujeres y menores de edad a la hora de acudir a la Justicia.

Impacto negativo en la protección de infancias y víctimas de violencia

El aspecto más crítico de este proyecto radica en las graves consecuencias que generaría sobre los derechos de las infancias y de las víctimas de abusos. Al elevar las penas por falsas denuncias a escalas de hasta 6 años de prisión —superando incluso los mínimos establecidos para el abuso sexual— se instala un mecanismo de amedrentamiento y temor directo que desincentiva a las víctimas y a sus cuidadores a acudir a la Justicia. La eliminación de referencias explícitas a la violencia familiar e infantil, sumada a la pérdida de la exención penal para familiares que encubran estas denuncias, deja a los niños, niñas y adolescentes en una situación de mayor desprotección, aumentando la discrecionalidad de los jueces y priorizando el castigo sobre la garantía de tutela judicial efectiva.