La crisis que atraviesa la industria textil volvió a golpear con fuerza. La empresa Sabri, histórica fábrica radicada en la ciudad de Recreo, Catamarca, despidió a 80 trabajadores y quedó en el centro de una fuerte polémica por la modalidad utilizada para comunicar las cesantías y por las denuncias laborales formuladas por empleados y ex empleados.
Fundada en 1984 por Juan Carlos Brieva, la firma llegó a emplear a unas 350 personas y se consolidó como una de las principales industrias de la región. La planta realiza el proceso completo de fabricación, desde la producción de la tela hasta la confección y el acabado final de las prendas, y trabaja para reconocidas marcas como Puma, Zara y Kosiuko.
Según relataron trabajadores afectados, la mayoría de los despidos fue comunicada mediante mensajes de WhatsApp, en lugar de utilizar los mecanismos formales previstos por la legislación laboral. Los asesores legales de los empleados sostienen que esa modalidad buscó evitar la vía legal de notificación.
Además de los despidos, un grupo de 30 trabajadores contratados denunció que la empresa les adeuda salarios, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones. En ese marco, realizaron una protesta frente a la planta de Recreo para reclamar el pago de los conceptos pendientes.
Los manifestantes también aseguraron que durante su relación laboral enfrentaron distintas irregularidades, entre ellas demoras en el pago de salarios y horas extras, falta de cobertura de obra social, ausencia de representación gremial, incumplimientos en el pago de trabajo nocturno y certificados médicos, además de exigencias de producción que calificaron como excesivas. Asimismo, denunciaron que la empresa ignoró las cartas documento enviadas por los trabajadores.
En sus reclamos, los ex empleados también cuestionaron que la firma continúe recibiendo asistencia del Gobierno de Catamarca mientras, según sostienen, mantiene deudas con el personal.
La situación de Sabri se fue deteriorando en los últimos años. En marzo de 2025 la empresa contaba con alrededor de 160 empleados y, desde junio, comenzó un fuerte proceso de reducción de personal. Actualmente mantiene cerca de 30 trabajadores, quienes, según denunciaron, perciben sus salarios en hasta tres cuotas. También afirmaron que, de los 80 despedidos, solo ocho cobraron sus indemnizaciones.
Desde la empresa atribuyeron la decisión a la caída del consumo, el incremento de las importaciones y el deterioro financiero que afecta al sector textil. A través de un comunicado firmado por Martín Brieva, integrante del directorio, señalaron que los despidos responden a una «medida de reorganización profundamente dolorosa» y descartaron, por el momento, el cierre definitivo de la planta.
«Queremos ser claros: el cierre no es hoy una decisión adoptada ni el objetivo que persigue esta empresa», expresó el directivo en el comunicado.
El conflicto se suma a un escenario complejo para la industria textil, marcado por la caída de la actividad, el menor consumo y el aumento de las importaciones, factores que vienen afectando la producción y el empleo en distintas empresas del sector.
