El Concejo Deliberante de San Francisco abordará en la sesión ordinaria prevista para el 6 de agosto el proyecto de ordenanza mediante el cual la Municipalidad propone adherir a la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una normativa impulsada por el gobierno de Córdoba para prevenir y neutralizar los riesgos derivados de inmuebles abandonados o vinculados con actividades delictivas.
La fundamentación de la iniciativa estará a cargo del concejal oficialista Matías Beccaría, quien expondrá los alcances del proyecto durante el tratamiento en el recinto.
La ordenanza establece, en su artículo primero, la adhesión municipal a la legislación provincial "con el alcance previsto en dicha norma y en el marco de las competencias propias del Municipio". Asimismo, dispone que la implementación operativa se realizará de acuerdo con la reglamentación provincial y a través de convenios de cooperación, coordinación y asistencia que se celebren con las autoridades provinciales competentes, los cuales deberán contar con la autorización del Concejo Deliberante.
Al referirse a la fundamentación de la medida, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Beccaría señaló que a través de este proyecto se busca dejar claramente delimitadas las competencias y funciones locales dentro de este esquema. "En un federalismo cooperativo como el que existe en la Argentina, cada nivel estatal tiene sus atribuciones. No obstante, en materia de seguridad compartimos funciones concurrentes y colaborativas", explicó.
Asimismo, resaltó que la adhesión representa ”un compromiso explícito del municipio para poner a disposición todos los recursos y herramientas a su alcance, trabajando codo a codo con el Gobierno de la Provincia como autoridad de aplicación”.
"La corresponsabilidad institucional es clave. Esta normativa refuerza el trabajo conjunto para dar respuestas concretas a los vecinos en un tema prioritario como lo es la seguridad", concluyó el titular de la bancada.
En los fundamentos se señala que la iniciativa se enmarca en el nuevo esquema de seguridad pública establecido por la Ley Provincial N.º 10.954, que promueve la coordinación permanente entre la Provincia y los gobiernos locales en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana.
La Ley Provincial N.º 11.128 tiene como objetivo impedir que inmuebles abandonados, deteriorados o relacionados con hechos delictivos sean utilizados para la comercialización de estupefacientes, el ocultamiento de personas prófugas o el almacenamiento de elementos vinculados al delito. No obstante, la normativa aclara que el simple abandono o falta de mantenimiento de un inmueble no habilita su intervención, sino que deben existir elementos objetivos que acrediten un riesgo concreto para la seguridad pública o una vinculación comprobable con actividades ilícitas.
La legislación prevé un procedimiento administrativo que puede iniciarse de oficio o por denuncia, contemplando inspecciones, notificaciones a los titulares de derechos sobre el inmueble, informes técnicos y resoluciones fundadas de las autoridades provinciales competentes.
Entre las medidas preventivas que pueden adoptarse figuran intimaciones, aseguramiento del inmueble, tapiado o cerramiento de accesos, sellado, señalización, restricción de ingresos y controles perimetrales. En aquellos casos en que exista ocupación efectiva, conflictos de derechos o resulte necesaria una intervención de mayor alcance, la actuación queda reservada a la autoridad judicial.
El proyecto también destaca que la conducción del régimen corresponde al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación general, mientras que el Ministerio de Justicia y Trabajo interviene especialmente en los casos relacionados con el microtráfico y el funcionamiento de búnkeres.
En ese contexto, la participación de los municipios se limita a tareas de colaboración territorial, técnica y operativa, mediante la elaboración de informes, el aporte de recursos humanos y logísticos, la ejecución de determinadas medidas y las acciones de recuperación de los espacios intervenidos, siempre dentro de las competencias propias de cada gobierno local y en el marco de los convenios que se suscriban con la Provincia.
La adhesión no implica que el Municipio asuma facultades propias de la Provincia, del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, ni lo convierte en autoridad de aplicación de la ley, sino que constituye una manifestación institucional de acompañamiento a los objetivos de la norma y de incorporación a sus mecanismos de cooperación interjurisdiccional.
Con la aprobación de esta ordenanza, San Francisco formalizará su adhesión a la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, reforzando la coordinación con el Gobierno de Córdoba en acciones orientadas a la prevención del delito y la protección de la seguridad de los vecinos.
