Llaryora ante la Corte Suprema: "Vengo a reclamar y defender un derecho de los cordobeses"

Uno de los temas más importantes para la economía cordobesa en el corto y mediano plazo es si, finalmente, después de décadas de discusiones, se logra un acuerdo entre provincia y nación por la deuda que Anses tiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia.

El reclamo de Córdoba llega casi al billón de pesos y crece día a día a medida que se acumulan envíos cancelados e intereses atrasados.

 Este miércoles tuvo lugar en Buenos Aires una audiencia de conciliación que fue convocada por la Corte Suprema con la expectativa de que las partes expongan su posición y explorar posibles vías de acuerdo entre las partes.

Por el lado de Córdoba, asistieron el ministro de Justicia, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el gobernador Martín Llaryora; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta. La plana mayor del gobierno cordobés.

Llaryora decidió aprovechar la “vidriera nacional” para dar a conocer sus puntos de vistas, no solo sobre este reclamo específico, sino sobre la situación nacional.

Las advertencias

“Creo que lo que está haciendo la Corte hoy es un llamado a la reflexión, convocando a una audiencia entre las partes antes de emitir un fallo, para decir volvamos a los cánones institucionales, esto es defender la República”.

El mandatario provincial agregó: “Felicito a los miembros de la Corte por su valentía, de llamar en este momento tan difícil a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad”.

Agregó con preocupación: “Estamos al borde en materia institucional, la República Argentina se basa en que cada uno cumpla con sus derechos y obligaciones y así lo tienen que hacer los estados” en clara referencia a los incumplimientos de Nación.

“No se puede actuar sin respetar la ley, sin respetar los acuerdos que nos llevaron a la conformación de la República. Porque si no, cualquier gobernador o intendente hace lo que quiere unilateralmente. Imagínense, la debilidad institucional sería tremenda”, dijo Llaryora.

El gobernador aprovechó para marcar la posición de su gobierno en relación al de Milei: “Nosotros tenemos que colaborar para que la Argentina le vaya bien y a la República le va a ir bien cuando todos cumplamos las leyes”.

“Lo que estamos viendo acá es un incumplimiento unilateral con los fondos que tienen que enviarle a los jubilados”, agregó repitiendo en varias oportunidades que las transferencias actuales son de “cero pesos” y el concepto de unilateralidad del gobierno nacional.

Insistió además que siempre acompañaron las medidas que, en su perspectiva, apuntaban al “bien común”. “Lo hicimos con este Presidente y lo haríamos con cualquiera otro presidente que se hubiese propuesto ordenar la macroeconomía”, dijo.

Las retenciones

Como viene haciendo en cada aparición pública, Llaryora volvió a quejarse de la política nacional vigente sobre el tema de las retenciones y de otros gravámenes, como el Impuestos al Cheque.

Agregó que los 3.500 millones de dólares anuales de retenciones son “claramente, lo que Córdoba aporta a la Argentina… Las retenciones no dan para más, a algunos sectores les están dando regalías y al campo le están poniendo la pata sobre la cabeza".

“Pero acá hay algo que es un incumplimiento manifiesto, nunca en la historia se le giró cero pesos a Córdoba, no hay antecedentes. No podemos seguir más en esta situación y por eso agradezco a la Corte por lo que está haciendo. Unilateralmente la Nación no cumple, pero las provincias sí lo están haciendo”, dijo.

“Claramente el esfuerzo máximo que se ha hecho es de los gobiernos provinciales para sostener sistemas como el educativo, las jubilaciones y otros”, señaló.

“Lo que hago acá es defender el federalismo argentino”, consignó Llaryora. “Nosotros necesitamos recuperar el flujo de fondos”, remató respecto de la situación de la Caja de Jubilaciones y la deuda que mantiene la Nación.

“Hay situaciones que no dan para más. Esta es una de ellas. Nunca nos ha pasado como ahora que nos den cero pesos”, agregó. “Nunca tendría que haber estado acá”, finalizó respecto de su presencia en la Corte.

Las circunstancias

El encuentro, además, se da en paralelo con una ventana abierta de negociaciones entre la administración de Martín Llaryora y la de Javier Milei por deudas y acreencias mutuas.

En el Centro Cívico estiman que la deuda nominal supera los $ 300 mil millones, que se transforman en aproximadamente un billón de pesos si se computan los intereses.

Córdoba es la primera provincia, de las 13 que no transfirieron sus cajas, que llega a esta instancia judicial y se especula que lo que se decida en este caso podría sentar jurisprudencia para resolver los otros pleitos pendientes.

Deuda de la Nación con Córdoba

Pese al prolongado incumplimiento de Anses, la Corte se tomó su tiempo: la denuncia fue presentada hace dos años por el exgobernador Juan Schiaretti. En ese entonces, motivó la presentación la falta de actualización de los montos de los envíos por parte del Gobierno de Alberto Fernández.

Alberto no cumplía con los envíos acordados, lo mismo que había hecho antes Mauricio Macri durante sus cuatro años en la Casa Rosada, por lo que se fueron acumulando meses impagos (o pagados a medias), más los intereses. También Cristina Fernández dejó su presidencia con deuda pendiente.

Pero, peso a lo antiguo del conflicto, con las administraciones anteriores se fueron gestionando “parches” y acuerdos transitorios, que liberaban fondos que permitían prolongar las definiciones. Lo peor llegó con Milei, que aplicó la “motosierra” a las transferencias desde que asumió en la Casa Rosada.

Declaraciones posteriores al encuentro en la Corte
Tras la audiencia, Llaryora expresó que asistió para "reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados” y que se acordó un nuevo encuentro dentro de 15 días para analizar propuestas concretas.

Entre lo más grave, el gobernador señaló que se enfrenta a “la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”.

Ese DNU, en palabras de Llaryora, implica “un claro acto de violación del principio federal, principalmente del concepto ‘de lealtad federal’ o ‘buena fe federal’”.