
La Mesa por la Emergencia Alimentaria lanzó un proyecto de ley con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) para aliviar la crisis.
Establece ante qué supuestos delitos o circunstancias se puede determinar resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles.
CÓRDOBA06/03/2025En un paso fundamental para la modernización del sistema penal juvenil, la Legislatura de Córdoba aprobó el Procedimiento Penal Juvenil, un marco normativo que garantiza el debido proceso y prioriza la reintegración social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. La iniciativa, impulsada por los legisladores Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso, actualiza la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales y brinda respuestas eficaces y diferenciadas a esta problemática.
Este nuevo procedimiento diferencia el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles, asegurando un abordaje ajustado a principios de protección integral y justicia especializada. Además, incorpora medidas socioeducativas no privativas de la libertad como Justicia Restaurativa, Atención Temprana, Supervisión en Territorio y Libertad Asistida, evitando que la respuesta estatal se limite únicamente a la privación de la libertad.
El despacho aprobado es resultado de la participación de actores clave del sistema judicial, especialistas en niñez y adolescencia, y organizaciones de la sociedad civil. En su desarrollo, se realizaron mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), con la intervención de jueces del Fuero Penal Juvenil, miembros del Tribunal Superior de Justicia, fiscales especializados y defensores públicos.
Además, el texto final incorpora observaciones y mejoras propuestas por la Fiscalía General y fiscales penales juveniles.
También participaron especialistas provenientes de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y el Colegio de Abogados.
La sanción de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil posiciona a Córdoba a la vanguardia en materia de justicia penal juvenil, asegurando que la intervención del Estado sea proporcional, adecuada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“La problemática de menores en conflicto con la Ley Penal, tiene varias aristas. Una de ellas la planteamos en noviembre del año pasado cuando solicitamos al Congreso que baje la edad de imputabilidad penal. Eso que la legislatura aprobó es lo que hoy justamente se está discutiendo en la nación. Mientras la discusión de baja de la edad de imputabilidad se da en el Congreso Nacional, también tenemos que dar la discusión en Córdoba”, señaló el legislador Miguel Siciliano.
Es por eso que, para el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, «Estamos tratando de brindarle a la justicia, al poder ejecutivo, pero centralmente a los jóvenes en conflicto con la ley penal y a la comunidad en su conjunto una herramienta que nos permita abordar de la mejor manera posible las situaciones que involucran a los jóvenes cuando ingresan al mundo del delito. Sabemos que no existen recetas mágicas, que no es solo con esta ley que vamos a resolver una problemática por demás compleja, pero también estamos convencidos que esta ley es una herramienta para que desde el estado podamos abordar esa complejidad», destacó Siciliano.
La implementación de esta normativa busca no solo mejorar la respuesta estatal ante adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también brindar herramientas concretas para su reintegración social. A través de medidas diferenciadas, claras y progresivas, el nuevo sistema penal juvenil garantiza un enfoque basado en la protección integral de los derechos y en la construcción de oportunidades para jóvenes que ingresan al sistema.
La Mesa por la Emergencia Alimentaria lanzó un proyecto de ley con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) para aliviar la crisis.
La medida fue tomada luego de la represión que sufrieron los trabajadores ayer en el marco de sus demandas. La persona infiltrada sería Ricardo, integrante de la Oficina de Narcotráfico.
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El padre de un alumno ingresó a los gritos y amenazó a niños de 8 años por una supuesta agresión a su hijo.