
En la región no construye las casas para las cuales aportaron sus clientes
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la emergencia ambiental, económica y habitacional para las zonas afectadas por los incendios en Córdoba, para reconstrucción, asistencia financiera y exenciones impositivas
CÓRDOBA25/10/2024La situación crítica que atravesó la provincia de Córdoba tras los devastadores incendios en las Sierras durante agosto y septiembre de 2024, llevó a que se oficialice la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en las áreas afectadas.
No fue sencillo ni excento de debates, pero la Ley 27.782 fue finalmente aprobada por ambas cámaras después de que la Libertad Avanza decidiese que su bloque en diputados votase contrariando lo que hicieron y argumentaron sus senadores.
Este viernes la ley aparece publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, con lo que se formaliza su promulgación y se abre un plazo de 180 días para la emergencia, que serían prorrogables por igual período.
Los registros provisorios dan cuenta de que, en lo que va de este años, se han incendiado en la provincia más de 90 mil hectáreas.
Afortunadamente, desde las primeras semanas de octubre comenzó a llover regularmente y la situación dio un vuelco dramático que permitió recomponer fuerzas, evaluar los daños definitivos y comenzar con la reconstrucción.
Los afectados computan decenas de casas afectadas, animales muertos y pérdidas materiales como saldo de los múltiples focos que se desarrollaron en varios sectores de la provincia, algunos de ellos activos durante más de diez días.
La ley tiene como objetivo principal restaurar las zonas dañadas y prevenir futuros focos ígneos. Para ello, se implementarán medidas en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos, establecidas en las leyes 26.815 y 27.287.
Un punto clave de la ley es la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria para la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las actividades económicas afectadas.
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes será la encargada de administrar estos fondos, en coordinación con el gobierno provincial y los municipios de las localidades afectadas. Debe consignarse que, hasta ahora, no se ha liberado un solo peso de las ayudas que prevé la ley.
Estos fondos, no tienen relación con las ayudas que el gobierno provincial anticipó, entregando $700 millones a productores rurales, en el marco del Plan Provincial de Remediación por Incendios. Se distribuyeron postes, varillas, rollos de alambre, torniquetas y boyeros. Los departamentos alcanzados son Punilla, Colón, Cruz del Eje y Totoral.
El plan de acción priorizará el bienestar de las personas damnificadas, la restauración del medio ambiente y la biodiversidad. La distribución de los recursos se basará en la urgencia de las necesidades y se respetarán los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
En cuanto a las medidas para la reconstrucción y recuperación económica, la ley contempla la realización de obras públicas urgentes, como la reparación y construcción de viviendas e instalaciones, luego de un estudio técnico que garantice la eficiente asignación de los fondos.
La ley también contempla la implementación de regímenes especiales de pago y medidas impositivas por parte de la Afip (ahora Arca) y la Anses, incluyendo prórrogas de vencimientos y exenciones impositivas. Estas medidas se aplicarán en forma extraordinaria y por única vez, considerando la gravedad y duración de los daños.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá reasignar las partidas presupuestarias necesarias.
A diferencia del planteo que han sostenidos reiteradamente para el recorte a los jubilados o a las universidades, para esta ley, La Libertad Avanza no consideró imprescindible que se indique de dónde saldrán los fondos.
En la región no construye las casas para las cuales aportaron sus clientes
Será este viernes 4 de abril, a las 10, frente a la Municipalidad de La Calera. La actividad de visibilización se enmarca en las medidas de reparación pedidas por un niño que en 2023 fue atacado por un dogo argentino, que era propiedad de vecinos.
El subsidio que reciben las personas gestantes sin obra social pasará de $120.000 a $375.000. La medida busca brindar un acompañamiento, fortalecer la salud y facilitar el acceso a los controles de mujeres embarazas y sus bebés.
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