El monotributo social permite formalizar tipos de trabajo que históricamente estuvieron invisiblizados.
POLÍTICA - ECONOMIA02 de septiembre de 2024
Pérez Natalia
En el marco de la Ley Bases y reforma fiscal, Diputados aprobó la eliminación de la categoría de monotributo social. Desaparecer la escala al monotributo social significa la eliminación de una opción de acceso a la formalidad de la que disponen personas con muy bajos ingresos, que trabajan por su cuenta, que cada tanto necesitan emitir una factura pero que no podrían afrontar los costos de permanecer en la categoría A, que es la última.
El Ministerio de Capital Humano adelantó que durante este mes quienes formen parte del régimen tributario tendrán que volver a inscribirse con el fin de "mejorar la herramienta y cuidar los recursos de todos los argentinos".
A partir de este mes, todos los beneficiarios del Monotributo Social que formen parte de los programas Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito tendrán que reempadronarse durante septiembre, según anunció el Ministerio de Capital Humano. Además, adelantaron que desde octubre, tendrán que pagar el 50 por ciento del costo de la obra social.
Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tomaron la decisión de implementar estas medidas con el fin de "mejorar la herramienta y cuidar los recursos de todos los argentinos". Del total de 1.216.360 beneficiarios del Monotributo Social, 622.477 son titulares y 593.883 son adherentes.
Para realizar este trámite a través de ANSES deben ingresar al sitio argentina.gob.ar/monotributosocial/terminos-y-condiciones-reempadronamiento.
En términos simples, el monotributo social sirve para que los trabajadores informales, emprendedores, entre otras personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a prestaciones de salud a través de la obra social.
Además, al realizar aportes jubilatorios en la cuota del monotributo, podrán acceder una jubilación en el futuro, ya que la falta de aportes genera graves inconvenientes en las personas mayores de edad ocasionando que, ante la imposibilidad de jubilarse, deban trabajar en edad adulta.
Es de vital importancia tener en cuenta cómo se conforman los elementos del monotributo social. En pocas palabras, se divide en tres partes: el componente impositivo (IVA y Ganancias), el componente previsional (aportes jubilatorios) y el aporte de la obra social.
En este caso, se toma únicamente como referencia la categoría más baja del monotributo tradicional (categoría "A"). Luego, del monto que se abona se divide en las tres partes mencionadas. En este caso, el estado subsidia el 100% del componente impositivo y provisional, además de un 50% del aporte de la obra social. Es decir, el contribuyente únicamente abonará el 50% de la obra social.
También es compatible con otros programas del gobierno: Asignación Universal por Hijo; Asignación por Embarazo; Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo; y Programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social
Con la eliminación uno de los eslabones más débiles se caería del sistema: se quedaría sin obra social y sin otros apoyos como la Tarjeta Alimentar, descuentos de la tarjeta SUBE, etc.
El monotributo social permite formalizar tipos de trabajo que históricamente estuvieron invisiblizados. Posibilita tener aportes, acceder a microcréditos y programas de apoyo a pequeños emprendedores a sectores que sin él jamás hubieran ni siquiera soñado con derechos económicos básicos.
Si la figura desaparece, un monotributista social sin adherentes pasaría de pagar 3.228,63 pesos a un nuevo monto de 26.600. Lo cual implica un aumento de más del 700%. Un monotributista social con dos adherentes pasaría de pagar 9.684 pesos a 54.200 (un aumento de 460%). “Cabe recordar que se trata de trabajadores con ingresos mensuales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y a lo mejor no superan los $200.000”, advierte ante la consulta de Página12 Matías Wasserman, economista y miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.
FUENTE: El Economista, Página 12 y AFIP
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