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Vuelta a la fecha original
Con un nuevo decreto, el Gobierno nacional prohíbe que los municipios cobren impuestos a través de las facturas de gas y electricidad. La medida forma parte de una amplia reforma energética que incluye la fusión de entes reguladores y la desregulación del mercado.
POLÍTICA - ECONOMIA08/07/2025El presidente Milei avanzó este lunes con una reforma en el sector energético, y una de las decisiones más principales fue prohibir que las boletas de servicios públicos incluyan tasas municipales.
La medida fue formalizada mediante los decretos 450 y 452 publicados en el Boletín Oficial, a días de que venza el plazo de facultades delegadas por el Congreso.
La decisión afecta directamente contra los municipios, que utilizan las facturas de luz y gas como una vía segura para cobrar tributos locales. Con el nuevo ordenamiento, el Gobierno busca que las boletas reflejen el costo real de los servicios y en ese sentido, esquivar de ser señalado como responsable de subas que muchas veces se deben a cargas impositivas ajenas a Nación.
“Los distintos conceptos se discriminarán en la factura al usuario, la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”, describe el artículo 40 del Anexo 2 del Decreto 452.
La intención de cortar este vínculo entre servicios y tasas viene desde septiembre del año pasado, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, emitió una resolución similar. Pero, la resistencia de los intendentes y fallos judiciales cruzados impidieron que la norma se implementara de manera efectiva. Incluso se diseñó un sistema de denuncias para los usuarios, con resultados limitados.
Ahora, con la fusión del Enre (Ente Regulador de la Electricidad) y el Enargas (Ente del Gas), y en medio de la desregulación del mercado eléctrico, la Casa Rosada vuelve a la carga.
La normativa del Gobierno viene de la mano con el paquete de ajuste fiscal y autonomía regulatoria.
Ahora queda saber qué postura adoptará la Justicia, ya que el punto central no se resuelve: ¿puede el Gobierno nacional decidir cómo y qué cobran los municipios en las facturas de servicios?
Vuelta a la fecha original
Con el inicio de julio se concretó un aumento del 3,5% en los precios de la nafta y el gasoil. Parte del incremento responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que implementó la Nación.
El impacto podría erosionar aún más el poder de compra de los ingresos más bajos, que todavía sufren a pesar de la desaceleración inflacionaria.
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), emitió un duró pronunciamiento con fuertes críticas a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y denuncia la imposición de un «plan de disciplinamiento político y social» en el país.
La cifra superó el promedio nacional, que se ubicó en el 7,9%, según el informe del primer cuatrimestre de 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
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