El ajuste fiscal ortodoxo y por shock de la administración de Javier Milei recayó sobre los jubilados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el desarticulado Potenciar Trabajo y las provincias. “Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos compensatorios) mostraron una reducción real de 43% durante el primer bimestre de 2024 comparado con el mismo período del año pasado”, puede leerse en el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En promedio, el recorte total del gasto público fue del 33,6% en términos reales, mientras que el pago de los intereses de la deuda aumentó un 34% en términos reales. El recorte de las transferencias hacia las provincias fue del 73% en términos reales.
Durante los primeros dos meses del año, los recortes presupuestarios fueron masivos: los gastos de capital disminuyeron un 82%, las transferencias hacia las provincias otro 73% y los subsidios energéticos fueron recortados en un 59,5% en términos reales. Pero por su nivel de incidencia dentro de la estructura del gasto primario, la mayor carga del ajuste la sufrieron los jubilados y jubiladas, con una caída del 33% en términos reales, comparado con el mismo bimestre de 2023. Hacia el interior de esta categoría, surgen otras disquisiciones.
“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, que toma como referencia períodos anteriores asociados a la recaudación de ANSES y salarios, como así también por la frecuencia de actualización trimestral, parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Los haberes sin bonos cayeron un 43%, mientras que la pérdida con bono incluido fue de 27,8% interanual”, indicaron desde la OPC.
