Manifestantes comienzan a llegar a Tribunales en medio de gran operativo de seguridad

La central obrera concentra junto a las dos CTA, la Unidad Piquetera y la UTEP, entre otras representaciones sindicales. El Gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que instrumenta el ministerio de Seguridad.

EL PAIS 27 de diciembre de 2023
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La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales y gremiales, comenzaban a arribar esta mañana a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, para acompañar una presentación judicial contra esa medida.

Con la consigna "Abajo el DNU", la concentración fue convocada por la CGT a las 12 frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.

A través de sus abogados, la central obrera presentó en las últimas horas ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad de la norma dictada por Milei, que quedó radicada en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, a cargo de José Ramonet.

En el marco de la jornada de protesta, el gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que instrumenta el ministerio de Seguridad, que impide el corte de calles, y efectivos de fuerzas de seguridad ya se encuentran apostados en varios puntos de la ciudad y en particular en los alrededores de la Plaza Lavalle.

La cartera que conduce Bullrich informó anoche que la CGT "presentó una solicitud" para realizar el acto en Plaza Lavalle y lo consideró un "hito en las formas de llevar a cabo manifestaciones en espacios públicos".

"La CGT se compromete a acatar las resoluciones N° 706 y demás normativas aplicables a eventos masivos en espacios públicos, siendo advertido que el incumplimiento conllevará a la caducidad del permiso", se expresó en el comunicado y explicaron que en el permiso otorgado para la movilización "se los insta a coordinar (las acciones) con el Comando Unificado, conformado por las 5 fuerzas federales y el Gobierno de la Ciudad".

Incluso este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, valoró que la CGT haya cumplido con los pasos previos para la realización de la marcha y les pidió a sus autoridades que "genere un acto pacífico”.

En dialogo con la prensa, Bullrich reiteró que su cartera hará cumplir el protocolo de orden público presentado por el Gobierno para este tipo de protestas, lo que implicará que “no habrá carriles liberados” para que se desplacen los manifestantes y que no podrán producirse cortes de calles.

En el marco de la manifestación, Bullrich rescató que la CGT haya avisado a las autoridades del ministerio de Seguridad sobre la marcha a Tribunales.

“La CGT mandó un pedido de uso de espacios públicos y presentó una póliza de 10 millones de pesos” para cubrir eventuales daños que pueda provocar la movilización. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante”, remarcó la funcionaria.

Desde la publicación del DNU, la CGT expresó su rechazo a la medida, convocó a esta manifestación y llamó para este jueves a una reunión del Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración.

Junto a la CGT también se movilizarán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la Autónoma (CTA-A) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que al reclamo de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial.

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