Avanza la causa contra Grávida por obstaculizar aborto de una nena de 12 años violada en nuestra región

 
POR ANDREA VIÑUELA
El juez de la Cámara de Apelaciones de Santa  Fe, Sebastián Creus, deberá definir si avala la participación de la Asociación Civil “Palabras” en la causa que investiga la posible comisión de delitos contra la libertad –obstáculo a un aborto legal– por parte de miembros de la ONG Grávida, en perjuicio de una niña de 12 años, embarazada y víctima de abuso intrafamiliar en la localidad de Garibaldi, Santa Fe.

Garibaldi: buscan a una niña de 12 años que pidió abortar tras ser abusada por su padre

 
En la causa fue identificado el representante legal de Grávida, Emilio P.

 La intervención de la Asociación había sido dispuesta por el juez penal Leandro Lazzarini, en el marco de una audiencia realizada en agosto. La resolución del magistrado fue apelada por el abogado defensor José Mohamad, quien sostuvo que no se acreditó el vínculo entre el objeto de la Asociación Civil y el hecho investigado.

 El fiscal Matías Broggi y los representantes de “Palabras”, el abogado Guillermo Munné y la abogada Mara Mansilla solicitaron que el fallo de Lazzarini sea confirmado, y basaron su planteo en la nueva ley de víctimas, la 14.181, que otorga más posibilidades de intervención a la sociedad civil en los procesos penales.

 Planteos
El defensor Mohamad, acompañado en la audiencia por Rocío Soledad Alberto, basó su apelación en dos puntos fundamentales: la indeterminación del delito investigado y en la falta de acreditación del nexo entre el hecho investigado y el objeto de la Asociación Civil “Palabras”.

 El abogado cuestionó que la investigación lleva más de 10 meses y aún no se concretó audiencia imputativa, por lo cual no se sabe cuál es el delito, el “acto típico” que se le atribuye a Emilio P. Para la defensa, esta cuestión no sólo atenta contra el derecho de defensa sino que también les impide conocer si el objeto de la Asociación se vincula con el hecho investigado.

 A continuación, Mohamad remarcó que la ley establece que las asociaciones civiles pueden ser querellantes si hay vinculación directa y exclusiva con el delito investigado: “Entendemos que eso acá no ocurre”, sostuvo el abogado, y agregó que “el objeto de la asociación civil Palabras es erradicar la violencia contra las mujeres, contener a víctimas de violencia... no asumir rol de representación en causas penales”.

 A su turno, el fiscal Matías Broggi advirtió que el Código Penal no precisa que deba concretarse audiencia imputativa para constituirse como querellante, y que al concretarse la audiencia ante el juez Lazzarini se relató el hecho que se investiga y las posibles consecuencias penales para Emilio P.

 
Finalmente, los querellantes Munné y Mansilla reclamaron que se confirme su intervención en el proceso. Munné remarcó que la tarea de la Asociación Civil es continua, no limitante, y que su objetivo es erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: “Ahí está la congruencia con el hecho investigado”, sostuvo. En este sentido, advirtió que la nueva ley de víctimas (Ley 14.181) amplía la posibilidad de la sociedad civil de tomar intervención en los procesos penales.

 Mansilla expresó que la finalidad de la ley 14.181 es cambiar el paradigma, y habilita a organizaciones no gubernamentales a presentarse como ofendidos penales de los delitos investigados: “ya estaba pensada la ley para la participación de las asociaciones en los procesos penales”, sostuvo la abogada.

 Finalmente, detalló que en el caso que se investiga “hay una niña de 12 años que decidió no ser madre y su voluntad se vio interrumpida, eso es lo que queremos investigar en este proceso. Los derechos de esta niña se vieron vulnerados, por eso vemos necesaria nuestra intervención en el proceso, para tutelar sus derechos”, manifestó Mansilla.

 Sobre la Asociación
En el escrito de constitución de querella se precisa que “Palabras” tiene como objeto realizar acciones para lograr la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, y en especial la erradicación de todo tipo de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres adultas en las relaciones familiares.

 Para ello, la asociación cuenta con un espacio específico de contención, asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia doméstica y sexual, tarea que se ve complementada con la organización de talleres, cursos, encuentros, seminarios a nivel local, regional y nacional para generar espacios de capacitación y reflexión.

  La resolución de Lazzarini, que fue apelada por la defensa, destaca que la reciente Ley N° 14.181, conocida como "Ley de Víctimas" establece con claridad y sin dudas que quedan comprendidas en la calidad de "víctimas de delitos", las personas de existencia ideal respecto de los delitos vinculados con su objeto social, cuestión que a criterio del magistrado se encuentra presente.

 Ahora, el camarista Sebastián Creus deberá revisar lo planteado y decidir si confirma la intervención de “Palabras” como querellante.

 La causa
Los primeros días de enero de 2023 un hombre radicado en Garibaldi, identificado como G.A., fue detenido e imputado como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores calificada por el vínculo, la guarda y la convivencia. Como resultado de los abusos, la niña de 12 años quedó embarazada, situación reveladora de las agresiones sexuales del hombre contra su hija.

  En la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva del imputado, se revelaron varios detalles de la situación padecida en el hogar de la menor: el hombre imputado no quería que su esposa trabaje ni que tenga teléfono celular. Tampoco quería que sus cinco hijos asistan a la escuela. La mujer y sus hijos huyeron del hogar en junio, estuvieron unos meses en Sunchales y en noviembre volvieron a Garibaldi.

 Allí supieron que la niña estaba embarazada. "Fue papi", le contó la menor a su madre; con el correr de la investigación se pudo determinar que el responsable del abuso que devino en el embarazo fue un hermano menor de edad de la niña. La Fiscalía mantiene la acusación por los abusos anteriores y adelantó que se pedirán 16 años de prisión .

 
La causa que investigó el abuso sexual de la menor aguarda la realización de la audiencia preliminar para el desarrollo del juicio

Del Río Ayala sostuvo en la audiencia que los abusos fueron cometidos en un período indeterminado de tiempo hasta junio de 2022, en la vivienda familiar de la localidad de Garibaldi, en un contexto de violencia de género desplegado por el imputado contra su esposa y sus cinco hijos pequeños: cuatro varones y una niña.

 El servicio local de Garibaldi comenzó a intervenir con el grupo familiar a raíz de una notificación de la escuela, ante las reiteradas ausencias de los niños. La madre declaró ante varios organismos y relató los reiterados episodios de violencia psicológica, simbólica, económica y física desplegada por el imputado desde el inicio de la relación de pareja: golpes con palos, cadenas, puños… El hombre impedía que la mujer trabaje y tenga teléfono celular y no quería que los niños asistan a la escuela.
 
 Con info  de  Aire  de Santa  FE