Al exponer ante la comisión de Juicio Político de Diputados, argumentaron sobre los pedidos de juicio político a los jueces del Máximo Tribunal.
POLÍTICA03 de febrero de 2023
Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron este jueves en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario, de 16 sobre 31 integrantes.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que el jueves "se analizará cuáles serán los pedidos de juicio que serán admisibles" y dijo que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.
El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), solicitó que los cargos contra cada juez se voten por separado y no en un 'paquete', para que se de la posibilidad de marcar las disidencias que se pudieran suscitar.
El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener "idoneidad" debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.
El legislador del Frente de Todos dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte "deben administrar justicia bien y legalmente".
Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que, dijo, "distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores".
En esa línea, el legislador señaló que "es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal".
"¿Por qué no escuchó a los gobernadores?. ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D'Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?", preguntó.
Asimismo, subrayó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al Parlamento".
La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti "pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió".
"En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano", agregó, y destacó el "respeto" de sus compañeros de otros bloques que conforman JxC.
Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión".
La diputada oficialista María Rosa Martínez, que presentó un pedido junto a su par Pablo Carro sobre los cuatro integrantes del máximo Tribunal, precisó que "tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión de delito de malversación".
"Desde el año 2008, en el que a partir de una acordada se determinan una serie de atribuciones que tienen que ver con el control de la misma por parte de la Corte, surgen faltas graves en auditorías, vacancias en el directorio y nombramientos, entre otras cuestiones", detalló.
La iniciativa, que busca modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, deberá tratarse en una sesión extraordinaria o esperar hasta que se reactive la agenda parlamentaria en marzo.
"No te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello", argumentaron los legisladores en contra de la normativa que que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
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