Mujeres con prisión domiciliaria podrán acceder a la terminalidad educativa

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su par de Educación, aquellas mujeres que cumplen con prisión domiciliaria, otorgada por autoridades judiciales, podrán continuar con sus estudios primarios y secundarios iniciados al momento de estar privadas de la libertad.

La medida establece el dictado de clases, la provisión de material didáctico y el acompañamiento académico a través de la modalidad de tutorías, tanto para nivel primario como nivel secundario, a concretarse en las aulas del CENMA “María Saleme de Burnichon”, en Tránsito Cáceres de Allende 250.

Luego de la firma del acuerdo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián López destacó la “sensibilidad y aporte humano y pedagógico” del ministerio de Educación, al igual que reconoció y agradeció a los equipos técnicos involucrados, a las autoridades judiciales y a los equipos de docentes involucrados en el nuevo programa. “Muchas veces estas acciones son invisibles para la sociedad, pero constituye un gran trabajo y esfuerzo”, sostuvo.

“La educación en los contextos de encierro tiene una carga emotiva y social muy importante y es una herramienta de resocialización que no se puede abandonar cuando se modifica la situación judicial de las internas. Y que este programa esté dirigido a las mujeres cobra mucho valor porque ellas, a lo largo de la historia, también fueron invisibilizadas en contextos de encierro ”, afirmó López.

Por su parte el ministro de Educación Walter Grahovac, quien adelantó que se dispondrá de un gabinete de notebooks con sus respectivos módems para que las mujeres lleven adelante sus estudios, indicó: “Estamos muy contentos de poder acompañar al Ministerio de Justicia en esta iniciativa”.

También resaltó la sensibilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “para atender y darle rasgo de humanidad a aquello que, muchas veces, en la sociedad no está presente. La sociedad quiere ser cuidada en algunos aspectos pero, si no es el Estado el que asume la responsabilidad, no podemos esperar que la sociedad sola decida generar los actos que permitan el reintegro pleno de las oportunidades de vida de aquellas personas que han pagado su error y desea seguir siendo parte del colectivo de la sociedad”.

Finalmente Grahovac auguró que “el vínculo pedagógico que se va a establecer entre el equipo de educación para adultos, el Patronato del Liberado, el Ministerio de Justicia, no tengo dudas que será un éxito. Aunque ya tenemos éxito. Porque no le damos la espalda a una necesidad. Ése es el primer éxito, que no nos hagamos los distraídos con los que lo necesitan”.

A su vez, la directora del Patronato del Liberado Patricia Corvalán explicó los alcances del acuerdo firmado por ambos ministerios y además se refirió a la propuesta como “innovadora y que constituye un gran desafío para todos”.

La funcionaria también explicó que es un proyecto que busca garantizar por parte del Estado el acceso a derechos. “Y en este caso el derecho a la educación de mujeres que se encuentran bajo el beneficio de la prisión domiciliaria”, indicó.

“Estamos convencidos que la educación es la principal herramienta para hacer frente a las distintas adversidades y generar nuevas oportunidades para que las personas con las cuales trabajamos puedan pensarse con proyectos de vida distintos. Sentirse realmente incluidos e incluidas en la sociedad y avanzar en el alcance de nuevos derechos”, cerró Corvalán.

El acuerdo de colaboración institucional se lleva adelante a través del programa de Educación a Distancia del Ministerio de Educación, en la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos. En ese marco, la dirección del Patronato del Liberado, que tiene a su cargo el acompañamiento integral de esas mujeres, será la encargada difundir la medida, propiciar la participación de las interesadas y gestionar ante el Poder Judicial, tanto provincial y federal, las autorizaciones que permita a las alumnas asistir al dictado de clases.

Acompañaron el acto, entre otras autoridades, la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti; la secretaria de Justicia, Laura Echenique; la secretaria de SeNAF, Georgina Tavella; la presidenta de la Unidad para el Saneamiento de Tierras, Irene Gabutti; el Fiscal General Juan Manuel Delgado; el legislador Leandro Carpintero; el vicerrector de la Universidad Provincial de Córdoba, Enrique Bambozzi y el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Alejandro Mareco