Subsidios de luz: la aclaración de Epec para quienes tienen tarifa social

El nuevo esquema de segmentación tarifaria definido desde el Ejecutivo nacional sigue generando dudas entre los usuarios. Una de las preguntas más frecuentes es qué ocurrirá con aquellos que son beneficiarios de la tarifa social.

En diálogo con El Doce, Alfredo Camponovo, vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), aseguró que la situación para este grupo “va a seguir siendo la misma”.

En ese sentido, amplió: “No se les va a modificar lo que pagan hoy, el subsidio se les va a mantener porque se supone que son la gente de menor poder adquisitivo”. Esto implica que sostendrán el apoyo económico provincial, incluso si no se inscriben en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). 

Sin embargo, sobre este último punto, aclaró: “Esto no quiere decir que no se tengan que anotar, deben hacer el trámite para quedar registrado dentro del grupo que va a mantener el subsidio nacional dentro del costo de la energía”. 

Subsidios a las tarifas

Cabe recordar que según las últimas disposiciones, todos aquellos interesados en mantener la ayuda económica en el pago de sus facturas (tanto de luz como de gas) y que no sean beneficiarios de la tarifa social, deberán inscribirse en el RASE.

Podrán solicitar dicho apoyo quienes tengan ingresos mensuales inferiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), que a valores de mayo representan 348.868,97 pesos. Casos contrarios deberán pagar la tarifa plena.

En cambio aquellos que perciban ingresos por encima de 1 CBT (99.676,85 pesos), deberán afrontar un incremento aproximado del 21,36 por ciento. Para ello, también deberán contar con certificado de vivienda del Renabap, vivir en un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario, y que un integrante del grupo familiar posea una pensión vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o posea un certificado de discapacidad.

Por otro lado, quienes tengan más de 1 CBT pero cuentan con dos o más inmuebles o un vehículo de hasta tres años de antigüedad, verán una suba del 42,72 por ciento, salvo que alguno de sus convivientes cuente con un certificado de discapacidad.
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