El Ministerio Público Fiscal, a través del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, hechos de trascendencia acaecidos en las ciudades de Córdoba y de San Fernando del Valle de Catamarca, el día 22 de abril.
Los mismos se encuentran referidos al informe de la Fiscal de Instrucción de 27° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, en relación a una serie de incidentes suscitados entre la Fiscalía a su cargo, y el Juzgado Federal de la Ciudad de Catamarca en el marco de la instrucción de la causa contra Edgar Bacchiani, titular de la financiera Adhemar por «estafas reiteradas» en la provincia. El informe elevado a los organismos correspondientes se realizó a los «fines de pudieran corresponder».
Edgar Adhemar Bacchiani, CEO de Adhemar Capital, una empresa basada en un esquema piramidal con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas con sede en Argentina. Junto con sus colaboradores se enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos, defraudación e intermediación financiera no autorizada.
La empresa con sede en la provincia de Catamarca, al noroeste argentino, ofrecía un retorno de 50% a los inversionistas, mediante el trading de bitcoin, algo que no pudo mantener por mucho tiempo, como suele suceder en este tipo de casos.
La interrupción en los pagos encendió las alarmas de los inversionistas y eso desató una oleada de denuncias. Los rumores sobre una investigación por parte de la justicia argentina se escuchaban desde enero, pero estas fueron desestimadas por la empresa, en su momento.
Había sido acusado por tres trabajadoras de la obra social por haberles tocado los glúteos en su lugar de trabajo.
El 30 de septiembre se incendió una vivienda en el barrio Alberdi de la ciudad del sur provincial. El fiscal Daniel Miralles imputó de homicidio calificado por el vínculo a Mónica Rigotti, quien atraviesa una prisión domiciliaria.
A lo largo de casi dos años, distintos organismos intervinieron con denuncias, medidas de protección y alertas migratorias, pero la coordinación entre ellos fue limitada. Las advertencias sobre el riesgo que representaba Pablo Laurta nunca lograron transformarse en una protección efectiva para las víctimas.
Sería imputado por homicidio agravado "criminis causa". Posteriormente, se espera que esta misma semana sea trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
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