A solo dos meses de la caducidad definitiva del Estatuto del Periodista Profesional, trabajadores de prensa acreditados en el Congreso de la Nación junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitieron duros cuestionamientos contra la senadora libertaria por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero. La legisladora conduce la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, un espacio clave donde permanecen paralizadas las iniciativas que buscan dar marco legal y protección laboral al sector antes de su derogación formal.
A través de un comunicado, la asociación que nuclea a cronistas, redactores y fotógrafos del Parlamento cruzó a la senadora cordobesa por referirse "con displicencia" a la severa precarización laboral que atraviesa el gremio. "Consideramos especialmente preocupante que la senadora, además de relativizar la situación de los trabajadores de prensa, obstaculice el tratamiento de los proyectos legislativos presentados para abordarla. Impedir esos debates supone desatender sus responsabilidades institucionales y debilitar el funcionamiento democrático del Congreso", expresaron desde la entidad.
El conflicto sumó tensión luego de que Álvarez Rivero respondiera en redes sociales a un planteo de la periodista Guadalupe Toral respecto a la parálisis institucional en la comisión. "La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional", publicó la senadora para rechazar el tratamiento diferenciado de la normativa específica. La respuesta fue precedida por una marcha de trabajadores frente a las puertas del Congreso para exigir el reinicio inmediato del debate en la Cámara Alta.
El trasfondo del reclamo radica en la eliminación del régimen profesional que rige desde 1946 (Ley 12.908), cuya derogación fue contemplada dentro de la reforma laboral promovida por la gestión del presidente Javier Milei. Desde las organizaciones sindicales alertan que la caída definitiva del Estatuto sin un plexo normativo de reemplazo desmantelará los derechos de indemnización, escalafón y condiciones específicas de trabajo de miles de trabajadores del país, profundizando la precarización en las redacciones y afectando las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
