A través de la publicación del Decreto 1296/2026, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, al mantenerse inamovible desde su implementación en marzo de 2024, la medida acumula 32 meses consecutivos de congelamiento, traduciéndose en una severa licuación real frente a la evolución de los precios al consumidor.
Los datos oficiales relevados a finales de octubre de 2026 confirman que el refuerzo perdió el 70% de su capacidad de compra original. El desplome responde a la inflación acumulada medida por el INDEC desde marzo de 2024 hasta la fecha, período en el cual el índice de precios superó un avance del 159%. Para sostener el mismo poder adquisitivo que registraba al inicio de la gestión, la asignación complementaria debería situarse actualmente en $231.253, lo que marca una brecha de $161.253 mensuales que dejan de percibir los sectores de menores ingresos.
La pérdida de relevancia de la ayuda estatal también queda expuesta en su peso dentro del haber global. En marzo de 2024, el bono representaba el 34,2% del ingreso total de un jubilado que percibía el piso prestacional. Con la actualización de la movilidad previsional dispuesta para noviembre de 2026 —que llevó el haber base a $444.158,46—, la suma de $70.000 equivale a tan solo el 13,6% del haber bruto final de $514.158,45.
Aunque la fórmula de movilidad ajusta los haberes base mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago, la congelación deliberada del bono introduce un desfasaje estructural en la escala previsional. Ante este panorama, informes del sector e iniciativas presentadas en la Justicia advierten que el haber total de las categorías más postergadas continúa ubicándose al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), agravando el deterioro del poder de compra en millones de adultos mayores en todo el país.
