Amnistía Internacional (AI) anunció que presentará una denuncia formal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, ante organismos internacionales y la Justicia argentina. La medida responde a la constante escalada de hostilidad verbal, insultos y agresiones dirigidas desde el Poder Ejecutivo nacional hacia periodistas y medios de comunicación, conducta que la entidad calificó como una grave amenaza a la libertad de expresión.
La decisión institucional del organismo se desencadenó tras el discurso brindado por Milei durante un acto en la Fundación Faro. En esa presentación, tras referirse al caso de la criptomoneda $LIBRA —causa en la que el mandatario fue sobreseído—, el Presidente individualizó con nombre y apellido a varios cronistas e investigadores para manifestar: “Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que la situación reviste una gravedad inédita debido a que la máxima autoridad del país "naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento". Belski enfatizó que "cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible". La acción judicial se complementa con datos del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que registró 278 ataques contra la prensa durante el año 2025 (un 55% más que en 2024), identificando al jefe de Estado como autor directo en 119 de esos casos.
A las acciones de Amnistía se sumó un duro comunicado del Club Político Argentino (CPA) bajo el título "La democracia no necesita hogueras". La institución remarcó que las expresiones presidenciales resultan peligrosas debido a que en la historia argentina "la violencia verbal ha precedido a la violencia física". El CPA advirtió que satanizar el disenso destruye la convivencia pacífica y exigió que cualquier discrepancia o denuncia contra el ejercicio periodístico se canalice a través de las instituciones republicanas y no mediante retóricas de amedrentamiento.
