En una jornada de fuerte debate legislativo y social, el Senado de la Nación aprobó la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. La iniciativa cosechó 42 votos a favor y 21 en contra, obteniendo la media sanción que habilita su posterior tratamiento en la Cámara de Diputados para definir si se convierte definitivamente en ley.
El nudo central de la modificación se enfoca en las condiciones para disponer internaciones involuntarias en personas que atraviesan padecimientos mentales o consumos problemáticos. El texto aprobado habilita una intervención médica determinante al momento de ordenar el internamiento sin el consentimiento del paciente cuando se evalúe la existencia de un riesgo grave para su vida, su integridad física o la de terceros, modificando los mecanismos de supervisión e investigación interdisciplinaria previstos en el marco regulatorio vigente.
La normativa que rige desde 2010 —cuya aplicación plena se vio severamente obstaculizada por la falta de partidas presupuestarias históricas— establece que la privación de la libertad por razones de salud debe ser una medida de carácter absolutamente excepcional, sujeta a la demostración de un "riesgo cierto e inminente" mediante la evaluación conjunta de equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras) y con estricto control judicial. La reforma oficialista flexibiliza dicho procedimiento, restituyendo el predominio de la mirada médica directa sobre la autonomía del usuario.
El proyecto incorpora asimismo abordajes específicos para consumos problemáticos —incluyendo adicciones comportamentales como la ludopatía— y plantea reestructuraciones en los servicios de atención. Sin embargo, profesionales del sector y organismos de derechos humanos advierten sobre los peligros de la reforma: en un contexto de desinversión o escasez de equipos ambulatorios y centros de contención comunitaria, la flexibilización de los criterios de internación corre el riesgo de transformar a los neuropsiquiátricos o clínicas en depósitos de contención social ante la ausencia de políticas públicas de acompañamiento integral.
