La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, impulsado por el Gobierno nacional. Tras intensas negociaciones que derivaron en modificaciones en más de la mitad del articulado original, el expediente fue aprobado en general con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, pasando formalmente al Senado para su tratamiento.
La jornada legislativa dejó al descubierto una marcada brecha dentro de la delegación de diputados por Córdoba. Mientras que los representantes libertarios y sus aliados votaron de manera afirmativa, el bloque de diputados referenciados en el gobernador Martín Llaryora se posicionó por la negativa, acompañados por legisladoras opositoras.
El texto consensuado eliminó el esquema de emergencias transitorias para fijar un marco normativo definitivo. Entre los puntos clave incorporados para lograr el quórum, se garantizó la compatibilidad entre el cobro de la Pensión No Contributiva por Invalidez y el empleo formal o monotributo (con ingresos de hasta dos salarios mínimos), se blindó la cobertura del programa Incluir Salud, se prohibió la suspensión de oficio de pensiones sin notificación previa y se ratificó la validez del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Desde el sector oficialista, la diputada Laura Rodríguez Machado actuó como una de las articuladoras del debate y acompañó la iniciativa junto al bloque de La Libertad Avanza encabezado por Gabriel Bornoroni. En contraposición, los seis representantes de Provincias Unidas vinculados al Ejecutivo cordobés votaron en rechazo argumentando reparos sobre el financiamiento efectivo. A dicha postura por la negativa se sumaron también las diputadas Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quienes cuestionaron la falta de participación directa de las organizaciones del sector en la elaboración de la norma.
