
Golpe al crimen organizado: condenaron a una banda que dirigía el narcotráfico desde Bouwer y ejecutaba robos

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de la ciudad de Córdoba dictó sentencias condenatorias contra los integrantes de una peligrosa organización delictiva que operaba en simultáneo dentro y fuera del Complejo Carcelario N° 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer. La banda estructuraba maniobras de narcotráfico coordinadas desde los pabellones carcelarios y ejecutaba robos en viviendas particulares.
Durante el desarrollo del debate oral, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) lograron probar la articulación de la red: mientras los referentes detenidos gestionaban desde prisión el ingreso, acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de cocaína y marihuana, la rama externa concretaba robos domiciliarios bajo la modalidad de "escruche" (ingresos violentos a inmuebles en ausencia de sus moradores). Entre los hechos acreditados por la acusación resalta un botín de cerca de 100 mil dólares y una abultada suma en pesos sustraídos de una residencia en barrio Villa Centenario.
Condenas efectivas y reincidencia
Las sanciones penales aplicadas por el tribunal alcanzaron a las principales figuras operativas y financieras del entramado criminal:
Gastón Maximiliano Ferreyra: Recibió la pena más elevada de ocho años y seis meses de prisión efectiva, además del pago de una multa y la declaración formal de reincidencia, al ser hallado culpable del delito de jefe de asociación ilícita y por coordinar la logística de estupefacientes.
Jorge Ezequiel Acosta: Fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva, multa y reincidencia por el delito de comercialización agravada de drogas cometida en el interior de un establecimiento carcelario.
Jorge Antonio Acosta y Norma Alejandra Arias: Recibieron penas de seis años de prisión efectiva cada uno tras comprobarse su rol en la logística externa y el manejo de los fondos financieros de la actividad ilegal.
El fallo judicial puso de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las medidas de seguridad dentro de las unidades penitenciarias provinciales, permitiendo la dirección remota de operaciones de narcotráfico y la planificación de atracos de envergadura.


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