El decreto gubernamental que prohíbe las convocatorias masivas en la Capital del 6 al 13 de noviembre por la llegada del papa León XIV desató una crisis directa con el colectivo LGBT+. La restricción recae de lleno sobre el 7 de noviembre, fecha reservada para la Marcha del Orgullo —la movilización más importante del país—, forzando a la Comisión Organizadora (COMO) a un contrapunto institucional y abriendo una profunda grieta táctica dentro de la comunidad.
Desde el Gobierno argumentan que la llegada de un jefe de Estado requiere un despliegue de seguridad prioritario que impide sostener la infraestructura del evento. Sin embargo, la COMO, que reúne a más de 60 agrupaciones nacionales, rechazó la reprogramación al 21 de noviembre bajo la consigna "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia". La dirigencia social sostiene que el cambio de fecha destruye la logística federal ya pagada por miles de activistas de las provincias y remarca que la movilización es plenamente compatible con la agenda del Pontífice si existe decisión política para coordinar el tránsito y la sanidad entre Plaza de Mayo y el Congreso. La amenaza oficial es concreta: de marchar el día 7, la marcha no contará con escenarios ni operativo de limpieza o seguridad.
Esta tensión institucional trasladó la discusión al corazón de la comunidad LGBT+, dividida entre dos miradas estratégicas para gestionar el conflicto:
Por un lado, el sector intransigente exige ratificar la calle el 7 de noviembre sin concesiones. Para esta línea, ceder la fecha histórica ante la agenda del Vaticano equivale a someter el reclamo de derechos a la prioridad de una institución religiosa históricamente opuesta a sus conquistas, invisibilizando la marcha más grande de la diversidad a cambio de un protocolo diplomático.
Por otro lado, la vertiente pragmática plantea que aceptar la postergación es una maniobra inteligente para no malgastar capital político. Este bloque advierte que la presencia papal monopolizará la pauta mediática y los apoyos institucionales, diluyendo el impacto de la marcha. Además, entienden que la restricción responde a un estricto protocolo internacional de seguridad y recuerdan que la fecha ya ha sido adaptada en ediciones anteriores por otras razones de agenda.
Con las negociaciones oficiales suspendidas y la advertencia de un evento sin cobertura estatal, las partes evalúan convocar a la Defensoría del Pueblo para negociar un acuerdo antes del plazo límite.
