El Gobierno nacional dio de baja la Resolución 02/2023, que establecía un permiso provisorio para la adecuación de autorizaciones previas. Peligra la planificación de 56 proyectos y más de 10 mil puestos de trabajo están en riesgo.
EL PAIS28/10/2024
El Gobierno nacional derogó una normativa central para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La decisión pone en riesgo la planificación de 56 proyectos y el despegue de un sector que tiene potencial para generar 10.000 puestos de trabajo y exportaciones anuales por 50 millones de dólares.
A nivel global, el cannabis viene teniendo una significativa expansión en los últimos años debido a la gran variedad de aplicaciones finales que puede tener la planta según su composición. Esto despierta interés en sectores como el de la salud y la construcción, o en diversas industrias, como la química, la alimenticia o la textil.
La industria del cannabis y el cáñamo industrial en Argentina contaba, en el pasado, con el marco regulatorio provisto por la Ley 27350 de 2017.
En 2022 se promulgó la Ley 27.699 que definió un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de la industria. Se reglamentó en agosto de 2023, con la Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME) como autoridad de aplicación.
Esto permitió que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) comenzara a registrar genéticas de producción local.
Adicionalmente, mediante la Resolución 02/2023, en septiembre del año pasado se estableció un permiso provisorio para la adecuación de autorizaciones previas.
Hasta diciembre de 2023, ARICCAME contaba con 56 proyectos aprobados por el Ministerio de Salud y habilitados para readecuarse. Ahora, todos ellos están en medio de una fuerte incertidumbre, puesto que Ignacio Ferrari, interventor de la agencia, derogó dicha medida e iniciará la reglamentación desde cero, atendiendo en una primera etapa solamente la producción de semilla, grano o fibra no psicoactivo (es decir, con una concentración de THC menor al 1%).
Dentro de los 56 proyectos mencionados, uno de los más importantes es el de Agrogenética, una firma riojana con participación del Estado provincial.
A través de un posteo, la expresidenta solicitó una aclaración particular en el marco de la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir tras el fallo de la causa Vialidad.
En la víspera de la convocatoria de una marcha masiva hacia Comodoro Py, el Tribunal Oral 2 decidió notificarla de su detención y otorgarle la domiciliaria este martes.
"Necesitamos que se recupere el poder adquisitivo, de lo contrario el segundo semestre será aún más difícil", vaticinó Vicente Lourenzo, vocero de la entidad. Las ventas registraron una caída interanual estimada de entre el 2 % y el 3 % en unidades.
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Cristina Fernández explicó que solicitó la prisión domiciliaria porque debe contar con custodia de por vida al haber sido dos veces presidenta y, además, porque los autores intelectuales del intento de magnicidio en su contra nunca fueron investigados.
Con los votos de Rossati, Rosenkratz y Lorenzetti, la Corte confirmó por unanimidad el fallo de Casación de noviembre del año pasado.
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