Este viernes, y tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Gobierno anunció a través de un comunicado que enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad a 13 años.
POLÍTICA28 de junio de 2024
Este viernes, y tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Gobierno anunció a través de un comunicado que enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad a 13 años.
Bajo el argumento de "evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores", el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviarán al Congreso de la Nación un proyecto para aprobar una nueva "Ley Penal Juvenil".
"Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien", indicaron en el comunicado.
Además, criticaron las gestiones anteriores: "Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La Ley que rige actualmente es de la década del 80'. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, delega en cada Estado la responsabilidad de decidir cuál es la edad mínima para que un menor sea imputable penalmente. En Argentina ese límite es de 16 años.
Los menores de edad que no alcancen esa edad mínima establecida por la ley no pueden ser sometidos a proceso penal y por ende tampoco condenados. Es decir no son imputables, o sea no se les puede reprochar un acto ilícito, y por lo tanto, tampoco son punibles.
La iniciativa, que busca modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, deberá tratarse en una sesión extraordinaria o esperar hasta que se reactive la agenda parlamentaria en marzo.
"No te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello", argumentaron los legisladores en contra de la normativa que que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
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