
Milanesio por goleada: Ganó con el 63% , pero sólo el 36 % fue a votar en Frontera
Milanesio hizo posible un triunfo de una adminsitración con problemas
Este viernes, y tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Gobierno anunció a través de un comunicado que enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad a 13 años.
POLÍTICA28/06/2024Este viernes, y tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Gobierno anunció a través de un comunicado que enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad a 13 años.
Bajo el argumento de "evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores", el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviarán al Congreso de la Nación un proyecto para aprobar una nueva "Ley Penal Juvenil".
"Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien", indicaron en el comunicado.
Además, criticaron las gestiones anteriores: "Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La Ley que rige actualmente es de la década del 80'. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, delega en cada Estado la responsabilidad de decidir cuál es la edad mínima para que un menor sea imputable penalmente. En Argentina ese límite es de 16 años.
Los menores de edad que no alcancen esa edad mínima establecida por la ley no pueden ser sometidos a proceso penal y por ende tampoco condenados. Es decir no son imputables, o sea no se les puede reprochar un acto ilícito, y por lo tanto, tampoco son punibles.
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Fue a través del Decreto 436/2025. También se disolvió el Observatorio de Educación Vial y se inició una revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral.
Tras la audiencia entre representantes de Córdoba y Nación, Llaryora ingresó al expediente de la Corte una copia certificada de la Ley provincial que ratificó el convenio. Según detalló el mandatario cordobés, en el transcurso de los próximos meses "se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024".
El foco del reclamo está en el reparto de impuestos entre la Nación y las provincias, y poder avanzar con una propuesta vinculada con recursos específicos para obras de infraestructura y viviendas.
La Cámara de Trabajo declaró inconstitucionales a los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025. El fallo argumenta que el Poder Ejecutivo excede sus facultades.
El gobierno de Milei planea un recorte al Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF). El gobernador cordobés aseguró que "quienes toman decisiones" deberían viajar al interior y "escuchar a los productores". Remarcó que al instituto "hay que modernizarlo e impulsar alianzas estratégicas con el sector privado".
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