El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anticipó este viernes detalles respecto del proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad y afirmó que va a quedar "anclada en los 13 años".
“Tenemos mucho dialogo con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas, estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad“, sostuvo Cúneo Libarona en declaraciones radiales.
En este sentido, el titular de Justicia, aseguró: “En los últimos dos meses estuvimos trabajando en la materia y nos inclinábamos por los 14, pero se dieron muchos casos de chicos de trece años. Eso nos hizo repensar y nos inclinamos por ver que el chico no es solamente de 16, como era en la ley de 1980”.
“Estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate”, explicó.
Bullrich se había manifestado acerca de este debate al señalar que la discusión giraba en torno a si se establecía como límite "los 14 años, o si es 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil".
De acuerdo a lo declarado por la funcionaria nacional, junto la cartera que conduce Cúneo Libarona se encontraban analizando "cómo impactó" esa medida en la población de los países que redujeron la edad de imputabilidad.
“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó en una entrevista radial.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, en un pronunciamiento respecto a la baja de la edad de imputabilidad se dio algunas pistas sobre sus efectos.
"La baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños", indicó el documento.
El Observatorio de DDHH concluyó exigiendo al Estado "el diseño e implementación de políticas públicas en torno a la problemática, en consonancia con las exigencias del sistema normativo nacional e internacional".
Fuente: NA
