Los artículos sobre los cuales se negocia tienen que ver con facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
POLÍTICA05/02/2024
El oficialismo buscará alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados en los artículos que mantienen discrepancias referidos a facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el fin de tener las mayorías para aprobar en particular el martes próximo el proyecto de ley Bases.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
La iniciativa cosechó 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.
Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques dialoguistas quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán claves los acuerdos que se puedan lograr mañana en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este sábado que están "prácticamente todos bastante cerrados" los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la ley Bases que el viernes recibió la aprobación general en la Cámara de Diputados, y destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones".
"Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado", afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.
La normativa dispone una actualización en las prestaciones para los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. La ley responde al reclamo que sostuvieron durante meses prestadores y familias.
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