En Córdoba la retracción de la economía empieza a pesar en el gremio metalúrgico. Ya cuentan 140 desvinculaciones entre sólo dos empresas, denunció la UOM. Por otra parte, temen que las empresas no cumplan con el acuerdo paritario de diciembre, que preveía una cláusula gatillo por inflación, que hasta ahora no se pagó, y nuevas planillas de costo por hora que no reconocen.
La industria metalúrgica cordobesa comenzó a achicar de a poco pero de modo generalizado sus plantillas de personal como consecuencia de los obstáculos que está poniendo el gobierno de Javier Milei a las empresas exportadoras industriales.
Desde la UOM denunciaron que la metalúrgica Montich desvinculó ya a 80 trabajadores y Servicios Industriales despidió a otros 60. En el resto del sector los puestos de trabajo se pierden por goteo, en casos de uno, dos, tres empleados por tanda y por mes.
El miércoles pasado, el secretariado nacional comenzó a distribuir las nuevas planillas con los cálculos de pago por hora de trabajo y categoría, en montos que si bien corresponden a lo efectivamente firmado por las cámaras empresarias de la actividad y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no es lo que las empresas están dispuestas a pagar.
Efectivamente, el conflicto ya está sobre la mesa desde que las patronales metalúrgicas decidieron incumplir con lo pactado hace ya más de tres meses con el gremio en la paritaria del sector: aplicar aumentos de 7% sobre los salarios de octubre, noviembre y diciembre, con la aplicación de cláusula gatillo en cada mes una vez conocido y confirmado el índice inflacionario del mes precedente. De este modo, los salarios de octubre y noviembre se completaron con los pagos adicionales una vez conocido el índice inflacionario del mes (12,8% en el caso de noviembre, pagado con un ajuste de 7 puntos en una primera etapa y 5,8% en una segunda).
La UOM de Córdoba tiene decidido ir a la Justicia en caso de incumplimiento porque los acuerdos ya están firmados y homologados por lo que incumplirlos implica incurrir en la ilegalidad. Los empresarios especulan con que los tiempos dilatados de la Justicia les jueguen a favor porque, naturalmente ellos pueden esperar pero los trabajadores no porque la inflación les come los salarios.
A todo este conflicto sectorial se suma el proyecto de ley ómnibus que, de aprobarse, implicaría un golpe mortal para el sector porque deberían pagar 15% de derechos de exportación por producto, que se suma al 17,5% del impuesto PAIS por uso del mercado de cambios, un combo inédito e impagable para las pymes, en su mayoría autopartistas.
Las empresas, que ya vienen frenando su nivel de producción, luchan por sobrevivir pero muchas se verán forzadas a cerrar sus persianas y esto implica fuertes pérdidas de empleo.
