Pérez Darío Eduardo
Por redacción Pura Verdad |
Los dos conductores que corrían una picada en 2016 e impactaron contra Mateo Aguirre, que perdió la vida a los ocho años, no irán a prisión. La determinación se tomó a partir de un acuerdo de los defensores y el fiscal Sergio Ruiz Moreno.
La noticia conmociona a Villa Santa Rosa de Río Primero, la localidad donde se produjo el hecho. Los dos hombres admitieron los cargos y recibirán penas de prisión en suspenso, sin ir a la cárcel.
Esteban Yangüez Papagenadio, abogado de la familia de Mateo Aguirre, habló con Pulxo tras la insólita resolución de la Justicia: “La familia está devastada, y el pueblo también, no entienden esta situación”.
“El mensaje que se le da a la sociedad con esta pena preocupa. Matamos, corremos una picada, estamos alcoholizados y drogados y un día presos”, dijo sobre el corto tiempo que permanecieron en la cárcel los autores del hechos. El abogado comentó que la familia cada vez encuentra menos consuelo, ya que los acusados ni siquiera hicieron un pedido de disculpas.
Entonces lo peor de todo, para la familia, fue que ante la confesión de los acusados ni siquiera hubo un pedido de disculpas. La pena que obtienen es de seis años.
“Las leyes vigentes están desactualizadas, porque al hacerse el acuerdo, la querella deja planteada la posibilidad de la apelación. La normativa de la Constitución Nacional y los tratados internacionales protegen a la víctima, y la opinión que tenemos como víctima no es vinculante”, explicó.
“El artículo 415 fue creado como válvula de escape para delitos menores en cuanto a pena, no para esta circunstancia donde hay una muerte”, dijo y agregó que inclusive los conductores intentaron desviar la investigación. El entrevistado comparó el caso con la situación de Blas Correas.
Indicó que la velocidad a la que iban triplicaba la permitida: corrían a 120 km/h. La tragedia, se presume que podría haber cobrado más víctimas ya que Mateo estaba jugando con otros niños.
El juicio también sienta en el banquillo de los acusados a dos policías acusados de encubrir la prueba de velocidad no autorizada en zona urbana. Los uniformados son examinados en el debate por el jurado popular constituido en la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba.
