Caso Laurta: las alertas que el sistema judicial ignoró antes del doble femicidio

Una investigación de El Perfil sobre el doble crimen de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, expuso cómo las respuestas institucionales ante la violencia de género siguen siendo fragmentadas. A lo largo de casi dos años, las instituciones tuvieron información suficiente para advertir el riesgo que representaba Pablo Laurta. Hubo denuncias, medidas de protección, alertas migratorias y pedidos de control electrónico. Nada de eso fue suficiente. La pregunta que sobrevuela ahora los tribunales de Córdoba es directa: ¿cómo un caso tan documentado terminó en tragedia? Denuncias, restricciones y libertades sucesivas Luna había denunciado a Laurta en octubre de 2023, después de haber sido agredida físicamente durante una visita a Uruguay. La denuncia derivó en una restricción de acercamiento, prohibición de contacto, tratamiento obligatorio y la entrega de un botón antipánico. También se fijó una cuota alimentaria que él nunca cumplió.

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A pesar de esos antecedentes, Laurta violó en reiteradas oportunidades las órdenes judiciales. En una de sus entradas al país se le incautaron armas de fuego, pero recuperó la libertad en pocas horas. En febrero de 2024 volvió a ser detenido por incumplir la restricción, y el resultado fue el mismo: un arresto de un día y su posterior liberación.

Durante todo ese tiempo, el tribunal de Violencia Familiar insistió en que se le colocara una tobillera dual para monitorear su ubicación, pero la medida nunca se ejecutó. Laurta cambió abogados y domicilios, y la Justicia perdió seguimiento sobre sus movimientos. El dispositivo que debía garantizar la protección de Luna permaneció guardado hasta que fue dado de baja por falta de uso.

Tres fueros, un mismo vacío

El caso transitó por distintos circuitos judiciales: Penal, Violencia Familiar y Familia. En ninguno de ellos hubo una acción coordinada que priorizara la seguridad de las víctimas.

En el fuero de Familia, Luna litigaba dos causas paralelas: una para evitar que Laurta vendiera la casa donde vivía con su madre y su hijo, y otra por la restitución internacional del niño, promovida por el agresor desde Uruguay. En ambos expedientes, las resoluciones fueron favorables a la joven. Pero esas decisiones —aunque correctas en términos jurídicos— no se tradujeron en protección efectiva.

Mientras se discutían medidas patrimoniales y custodias, Laurta acumulaba infracciones y libertad de movimiento. No pedía mantener contacto con su hijo, ni buscaba una relación parental estable. Su accionar judicial se limitaba a hostigar y controlar a Luna por otras vías. Ninguna de esas conductas fue evaluada con perspectiva de riesgo por los organismos que debían intervenir.

A esa fragmentación interna se sumó un factor que agravó la ineficacia del sistema: la dimensión internacional del caso. Laurta era ciudadano uruguayo y Luna, argentina. Las decisiones judiciales dictadas en Córdoba tenían un alcance limitado fuera del país, y el agresor, podríamos decir, aprovechaba esa brecha.

La falta de control y el límite del papel

El expediente muestra un patrón frecuente en los casos de violencia de género: la sucesión de medidas preventivas sin verificación posterior. Las restricciones se dictan, pero no se controlan; los botones antipánico se entregan, pero no se activan en tiempo real; las tobilleras se autorizan, pero no se colocan.

En este caso, además, hubo alertas enviadas a Migraciones para que el dispositivo se instalara, apenas Laurta reingresara al país. Sin embargo, ningún organismo asumió la responsabilidad de ejecutar la orden.

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El resultado fue una cadena de decisiones formales sin aplicación práctica. Las instituciones actuaron, pero sin coordinación ni seguimiento, lo que convirtió cada medida en una respuesta simbólica.

 
El perfil público de Laurta también encendía señales de alarma. Era fundador de un grupo llamado Varones Unidos, un espacio virtual que difunde discursos antifeministas y promueve la idea de que las denuncias de violencia son falsas o exageradas.

Un sistema que reacciona después

El crimen de Luna y Mariel no ocurrió en un vacío. Fue la consecuencia de una secuencia de advertencias que no lograron convertirse en prevención real.

La Justicia tuvo conocimiento de la violencia, dispuso medidas y renovó órdenes. Pero lo hizo sin articular esfuerzos, sin seguimiento efectivo y sin evaluar el riesgo con la urgencia que exigía la situación.

El caso Laurta deja expuesta una pregunta que atraviesa muchas causas similares: ¿qué sentido tienen las medidas de protección si nadie verifica su cumplimiento?

Mientras se busca ahora un entorno seguro para el hijo de Luna, el sistema judicial enfrenta un espejo incómodo: las fallas no fueron por falta de leyes, sino por la incapacidad de hacerlas funcionar.