Con el botón antipánico sólo no alcanza

 Los botones antipánico solos no sirven. Se trata de políticas para detener el machismo más complejas y que quiten el pánico y puedan proteger con efectividad. Pero si se utilizan deben actuar con efectividad, no quitar autonomía a las mujeres, no ser una herramienta de simulación, ni esquivarse ante la demanda real de situaciones de riesgo.  Fragmentos de notas de LUCIAN PEKER en Página 12

Las tobilleras electrónicas parecen ser más efectivas por el mayor control a los agresores, pero deben repartirse masiva y federalmente y contar con policías locales efectivas y capacitadas y conscientes que el machismo es un problema y no un tema menor. Ante situaciones límites la tecnología puede ayudar, resguardar y coordinar, pero no debe ser una excusa para no ir a fondo o quedarse en línea para hacer como que se hace mientras la violencia avanza o se recrudece contra mujeres y otras identidades sexuales que luchan por su vida y por su goce.

En cuanto a las pulseras el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entregó ya aproximadamente 600 tobilleras a catorce provincias. La política forma parte del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y se amplió luego de una experiencia piloto. Sería interesante conocer información sobre la efectividad de los dispositivos empleados en las distintas jurisdicciones, en qué medidas los poderes judiciales y las fuerzas policiales de las distintas provincias responden, con qué celeridad y ofreciendo qué mecanismos de protección adicionales.  

La protección real no es una ilusión de película sino una decisión, inversión y mirada sobre la integridad de mujeres, lesbianas y trans. “Dentro del mercado internacional, un buen botón antipánico -dependiendo del equipo- cuesta entre 40 y 150 dólares. Bajo un gobierno que diagrama un presupuesto de 11 pesos por mujer para prevenir y combatir la violencia machista la utilización de buenos dispositivos que no resulten un placebo efímero a quien lo recibe, sino que efectivamente representen una protección resulta una utopía”, critica Benítez Demtschenko.

No sos vos, que sea él

En los casos más graves, de mayor incumplimiento del agresor (cuando se le dice que no se acerque a la mujer o a su casa y lo hace igual) o de alto riesgo para la víctima se recomiendan tobilleras duales que, siempre, son indicadas por los juzgados. El beneficio es que no es la mujer la que quede controlada e inmovilizada sino el agresor y que, supuestamente, son más eficaces en la protección que, hasta ahora, falla como los papelitos voladores para que los golpeadores no sigan pegando a sus víctimas o amenazándolas. 

El Sistema de Supervisión, Monitoreo y Rastreo para Agresores y Víctimas de Violencia de Género, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación repartió seiscientos dispositivos duales, en quince provincias, para proteger a víctimas de violencia de género, hasta el 31 de diciembre del 2018. Las localidades que participan del plan son la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Y hay convenios con Santa Cruz y Rio Negro.

Gallo remarca la necesidad de profundizar las pruebas y de medir la diferencia entre la teoría y la práctica: “En cuanto a las pulseras el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entregó ya aproximadamente 600 tobilleras a catorce provincias. La política forma parte del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y se amplió luego de una experiencia piloto. Sería interesante conocer información sobre la efectividad de los dispositivos empleados en las distintas jurisdicciones, en qué medidas los poderes judiciales y las fuerzas policiales de las distintas provincias responden, con qué celeridad y ofreciendo qué mecanismos de protección adicionales”. 

En la Provincia de Buenos Aires, hasta ahora, las tobilleras electrónicas, el gran anuncio oficial para detener la violencia de género, se estrenaron en una prueba piloto en San Martín. La prueba demostró que seis de cada diez agresores no cumple con la prohibición de acercarse a la mujer que ya maltrataron. En todos los casos lograron detenerlos. A partir de septiembre del 2018 se comenzó a implementar en el Centro Integral de Monitoreo del Servicio Penitenciario Provincial y se promete que estaría, en el 2019, en más municipios provinciales. La conclusión oficial es que el dispositivo es efectivo y que evita femicidios.  Eso sí que necesita de algo que parece simple y se vuelve un mundo: la articulación entre la justicia, el gobierno provincial, el municipal, la policía y las secretarías de género. La burocracia también puede ser femicida. Y, por supuesto, una justicia que crea y proteja a las mujeres para acelerar su protección y no dilatarla en un riesgo doble por ser víctima de violencia y por animarse a denunciar que, siempre, debe ser una decisión pero no un riesgo. 

La policía bonaerense tiene que buscar al agresor y, en vez del piano, tienen que colocarlo el GPS en el tobillo. Mientras que las áreas de género de las municipalidades deben resguardar a la víctima. A partir de ahí se debe avisar al Centro Integral de Monitoreo para que tenga localizado/a, las 24 horas del día, al agresor y a la víctima. Si el denunciado se acerca a mil metros de la mujer el Centro de Monitoreo le exige que se aleje. Si no lo hace un patrullero debe ir (¿llegará?) a proteger a la víctima y otro a proteger al agresor. “Su utilización además de servir como complemento a otras medidas, permite la identificación de agresores por otras mujeres que no saben que son violentos. Tiene entonces una función mucho más expansiva que solo alertar a la víctima”, destaca Benítez Demtschenko. 

“El 11 de mayo del año pasado una joven, que tenía reiteradas denuncias, activó el botón en el centro porque su agresor se acercaba y no tuvo respuesta. Se metió en un negocio y llamó a una de las compañeras de nuestro equipo de género. Al tiempo, la Fiscalía convocó a nuestra abogada para saber si era verdad que la víctima se había comunicado con nosotras y si el botón no había respondido. Descubrimos que solo funcionaba si estaba conectado a la batería. Por lo tanto no podía usarlo en la calle. Estas situaciones son habituales”, objeta la concejala de Rosario Norma López. 

En definitiva, los botones antipánico solos no sirven. Se trata de políticas para detener el machismo más complejas y que quiten el pánico y puedan proteger con efectividad. Pero si se utilizan deben actuar con efectividad, no quitar autonomía a las mujeres, no ser una herramienta de simulación, ni esquivarse ante la demanda real de situaciones de riesgo. Las tobilleras electrónicas parecen ser más efectivas por el mayor control a los agresores, pero deben repartirse masiva y federalmente y contar con policías locales efectivas y capacitadas y conscientes que el machismo es un problema y no un tema menor. Ante situaciones límites la tecnología puede ayudar, resguardar y coordinar, pero no debe ser una excusa para no ir a fondo o quedarse en línea para hacer como que se hace mientras la violencia avanza o se recrudece contra mujeres y otras identidades sexuales que luchan por su vida y por su goce. 

En general, ese es un tema. Muchas mujeres sienten miedo. Y es más difícil conseguirlo de lo que parece (con una justicia reacia), con muchas diferencias regionales, con una enorme dependencia a la efectividad tecnológica y a las efectividad policial (y a que no subestimen el riesgo de las víctimas de violencia de género). Y, por supuesto, que ni las penas, ni los botones sean ni parezcan la única, ni la solución a un machismo más complejo, extendido, cultural y enraizado que una app o una alarma.P12