El cierre definitivo de la planta de discos abrasivos de Stanley Black & Decker en San Luis, anunciado el pasado martes, dejó un saldo de 61 trabajadores despedidos y desató una profunda conmoción en la región. Ante la repentina decisión empresaria, los operarios protagonizaron una toma pacífica de las instalaciones en defensa de sus fuentes laborales, abriendo un escenario de máxima tensión que derivó en intensas negociaciones gremiales.
Según explicó a Mundo Gremial el secretario general de AOMA San Luis, Leandro Pérez, la decisión de la compañía respondió a un factor macroeconómico que volvía insostenible la operatoria: la masiva llegada de productos chinos subsidiados y sin rotular al mercado brasileño, que constituía el principal destino de la producción puntana. Ante la imposibilidad de competir con precios artificialmente deprimidos, la firma no encontró margen para sostener la fabricación local, aunque aclaró que continuará operando en el resto del país.
Tras una larga jornada de audiencias y deliberaciones, el gremio minero confirmó que se logró destrabar el conflicto mediante la aplicación formal del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. De este modo, se garantizó el cobro del máximo monto indemnizatorio posible para cada uno de los 61 operarios afectados, un punto que la empresa ya había manifestado contemplar desde la notificación inicial del cierre.
Más allá del acuerdo económico alcanzado, el dirigente sindical advirtió con preocupación sobre la gravedad del impacto social en la zona. "En un pueblo de 12.000 habitantes es muy significativo. No hay fuente de trabajo, no hay parque industrial, no es una zona que se pueda conseguir trabajo fácilmente", alertó Pérez, poniendo de relieve el desolador panorama que enfrentan las familias desplazadas.
El duro golpe a la producción local generó una inmediata reacción institucional a nivel nacional. La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) emitió un comunicado de solidaridad firmado por organizaciones como SMATA, UOCRA, ATILRA, ASIMRA, SETIA, STIGAS y la propia AOMA. "Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta decisión, que representa un nuevo golpe a la industria nacional, a las fuentes de trabajo y a las familias que dependen de ellas", expresaron desde la entidad, cerrando filas bajo la premisa de que "sin industria no hay trabajo ni futuro".
