El empresario argentino Federico Andrés "Fred" Machado fue condenado este martes a seis años de prisión por la Justicia de los Estados Unidos, tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por los delitos de conspiración para cometer lavado de activos y fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, perteneciente al Distrito Este de Texas.
Durante la audiencia, el magistrado avaló el convenio pactado entre la defensa de Machado y la Fiscalía norteamericana, descartando las objeciones presentadas y desestimando decenas de acusaciones suplementarias que integraban la imputación original. Aunque el tribunal resolvió dos penas de 72 meses de prisión —una por cada delito imputado—, dispuso que ambas se cumplan de manera simultánea, por lo que la condena efectiva será de seis años de cárcel, sumada a tres años de libertad supervisada una vez cumplido dicho plazo.
Un punto central que evalúa el entorno de Machado radica en el cómputo del tiempo transcurrido en prisión. El empresario fue arrestado en la Argentina en abril de 2021 y permaneció bajo custodia en el país hasta su extradición a Estados Unidos en noviembre de 2025. Allegados al imputado sostienen que los cuatro años y medio transcurridos bajo prisión preventiva deberían computarse como parte del cumplimiento de la pena, lo que le permitiría solicitar la libertad en el corto plazo.
Por otra parte, la resolución judicial fijó una multa económica y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo, mientras que la determinación de los montos de reparación para las víctimas de las maniobras financieras fue diferida para el 17 de febrero de 2027 en los tribunales de Sherman, Texas.
La condena impuesta en el tribunal de Texas reactiva las derivaciones políticas del expediente en la Argentina. En las actuaciones judiciales se encuentra acreditada una transferencia de 200 mil dólares efectuada en 2020 desde una cuenta vinculada a Machado hacia el dirigente José Luis Espert. La ratificación de los delitos por parte del tribunal estadounidense vuelve a poner en debate la justificación del legislador libertario, quien había argumentado que la transacción correspondía a un contrato de consultoría, hipótesis que la sentencia señala como una posible simulación de servicios.
