En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro este 28 de septiembre, la vigencia de la Ley 27.610 cumple cinco años con un interrogante central: qué tan posible es hoy ejercer este derecho en Argentina. Si bien la legislación que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y la interrupción legal (ILE) por causales no ha sido derogada, la política federal de acceso que funcionó durante los primeros años atraviesa un proceso de desmantelamiento por parte del Estado nacional.
Desde 2024, el Gobierno nacional dejó de comprar y distribuir de manera centralizada el misoprostol y la mifepristona, trasladando esa responsabilidad financiera y logística a las provincias sin partidas presupuestarias adicionales. El contraste con el período 2021-2023 es marcado: en 2023 Nación había distribuido 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 combinados. Aquella política pública había logrado reducir la mortalidad materna por aborto de 23 casos en 2020 a 13 en 2021, una baja del 43,5 %.
Pese al recorte nacional, los datos del reporte anual del observatorio Proyecto Mirar (CEDES e Ibis Reproductive Health) muestran que la red de atención pública sostiene las prestaciones. En 2025 se realizaron 87.603 interrupciones en el sector público de 20 provincias, una cifra estable respecto al año anterior, con una tasa de 7,45 cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años. La investigadora del CONICET Mariana Romero destacó que 13 provincias —entre ellas nuestra jurisdicción y otros distritos que asumieron la erogación con presupuesto propio— salieron a sostener el abastecimiento de insumos, manteniendo activos a 1.846 efectores de salud en todo el país.
Sin embargo, el corrimiento de la administración central derivó en una creciente brecha territorial. Informes de Amnistía Internacional revelan que en 2025 más de la mitad de las provincias registraron faltantes de misoprostol y casi todas de mifepristona. La línea 0800 de Salud Sexual recibió 191 reclamos por falta de medicación —concentrando Salta el 46,1 % de las denuncias—, mientras que los reclamos por obstáculos de acceso crecieron un 300 % respecto a 2024, pasando de 102 a 406 casos.
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A las barreras de insumos se suman trabas administrativas locales, como el protocolo dictado en el municipio de San Isidro que imponía consultas psicológicas obligatorias y limitaba la atención al Hospital Materno Infantil. La medida fue frenada en agosto de 2026 por la jueza María Paula Vénere tras una medida cautelar de Amnistía Internacional.
A este panorama se suma el desfinanciamiento del Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente (con un presupuesto para 2026 inferior al 3 % respecto a 2023) y la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra en agosto de este año. Ante este escenario, especialistas como Lucía De La Vega (CELS) remarcan que el derecho se sostiene hoy gracias al esfuerzo coordinado entre los sistemas provinciales, los profesionales de la salud y las redes territoriales, que se movilizan esta tarde a las 16 con un pañuelazo frente al Congreso.
