La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación encendió las alarmas en el sector de la discapacidad tras detectarse severas modificaciones a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Diversos bloques de la oposición advirtieron que la iniciativa oficial deroga y sustituye artículos centrales que garantizaban derechos a los beneficiarios y previsibilidad a los prestadores de salud.
Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el artículo 37 del proyecto, el cual elimina la compatibilidad existente entre la percepción de una pensión no contributiva por discapacidad y la posibilidad de tener un empleo registrado o estar inscripto en el monotributo (que antes permitía ingresos de hasta dos salarios mínimos). Bajo el nuevo esquema, el acceso a cualquier trabajo formal o alta tributaria extinguiría de forma inmediata la pensión, eliminándose también la posibilidad de una suspensión temporal con rehabilitación automática al finalizar el contrato laboral.
Por otra parte, mediante el artículo 39, el texto deroga el principio de "nomenclador único" a nivel nacional. Al suprimirse la homogeneidad de los aranceles y la actualización automática mensual atada al índice de movilidad jubilatoria, cada obra social, prepaga o jurisdicción provincial pasará a fijar valores diferenciados. Además, se suprime el mecanismo de estudio de costos que permitía ajustar las tarifas según los insumos específicos del sector, una herramienta crítica para servicios como el transporte especializado.
La iniciativa oficialista impacta también en la cobertura de salud de los titulares de pensiones no contributivas al derogar el artículo 8 de la ley marco, dejando de ser un derecho legalmente exigible. En paralelo, se desvincula la definición de "persona con discapacidad" del estándar fijado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para reformular los requisitos de acceso a los beneficios.
Ante este panorama, legisladores de la oposición denunciaron que la inclusión de modificaciones permanentes a leyes de fondo dentro de la Ley de Presupuesto contraviene la Ley de Administración Financiera y vulnera el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos, mientras crecen los reclamos por la falta de respuestas a las instituciones y prestadores del área.
