Con el respaldo electoral consolidado y el nuevo período legislativo en el horizonte, el Gobierno nacional prepara el terreno para relanzar la discusión sobre la reforma laboral en el Congreso. El proyecto de ley «Promoción de Inversiones y Empleo», impulsado originalmente por la diputada Romina Diez y un grupo de legisladores libertarios, será el punto de partida para el debate que comenzará a partir del 10 de diciembre, fecha en que asumirán los nuevos diputados y senadores.

La iniciativa, que retoma los lineamientos de la Ley Bases, busca modernizar el régimen laboral argentino, flexibilizar contratos y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el empleo formal, en un contexto de dinamización económica. El texto podría incorporar, además, algunos de los aspectos que los funcionarios del Gobierno, como el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, describieron en los últimos días.

El borrador, que ya cuenta con el apoyo de figuras como Bertie Benegas Lynch, José Luis Espert y Lilia Lemoine, entre otros, apunta a “institucionalizar un modelo económico que actualice y mejore las condiciones entre empleadores y empleados”, según los fundamentos del proyecto.

Los puntos más importantes del proyecto de reforma laboral

1. Modernización de la Ley de Contrato de Trabajo: mayor flexibilidad para empleadores

Uno de los ejes principales es la actualización de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). El proyecto introduce cambios clave para adaptar el marco legal a las «nuevas modalidades de producción»:

• Facultades del empleador: Se amplía el poder para modificar formas y modalidades de trabajo, siempre que no sean «irrazonables» ni alteren aspectos esenciales del contrato. Si se vulneran límites, el trabajador puede optar por considerarse despedido sin causa.
• Sanciones disciplinarias: Se establece un plazo de 30 días para que el trabajador impugne medidas disciplinarias, con notificación fehaciente.
• Beneficios sociales no remunerativos: Se detalla una lista de prestaciones como almuerzos, útiles escolares, planes médicos, ropa de trabajo, guarderías, capacitaciones y servicios de telefonía/internet, que no integran la remuneración base.
• Pagos y recibos: Se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y se permite la emisión electrónica de recibos con datos detallados del empleador y trabajador.

Estos ajustes buscan reducir rigideces y promover una relación laboral más ágil.

2. Cambios en vacaciones, jornadas y licencias por enfermedad

El proyecto introduce mayor flexibilidad en aspectos cotidianos del empleo, priorizando la adaptación a necesidades productivas:

• Vacaciones: Pueden otorgarse en cualquier momento del año (hasta el 30 de abril del siguiente), con notificación de solo 21 días (frente a los 45 actuales). Se permite fragmentarlas en períodos de al menos una semana, y se garantiza un goce en verano cada dos años. Parejas o uniones familiares en la misma empresa pueden solicitarlas conjuntas.
• Jornada laboral y horas extras: Las convenciones colectivas podrán establecer bancos de horas, francos compensatorios y regímenes adaptados, respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
• Licencias por enfermedad: Se mantienen plazos de 3-6 meses de remuneración según antigüedad (menos o más de 5 años), extendiéndose a 6-12 meses con carga familiar. Se crea un procedimiento de verificación de certificados médicos a cargo de la Secretaría de Trabajo, con peritos y posibles sanciones a profesionales. Tras la licencia, el puesto se conserva un año adicional; si no hay reincorporación, el contrato puede extinguirse sin indemnización.

Estas modificaciones responden a demandas empresariales para reducir costos y burocracia, mientras mantienen protecciones mínimas para los trabajadores.

3. Límites a indemnizaciones, intereses y pagos judiciales

Para mitigar el impacto de litigios laborales, el proyecto impone topes y facilidades de pago, especialmente para pymes:

• Intereses en créditos laborales: El total no excederá el capital actualizado por IPC más un 3% anual de interés puro.
• Pagos en cuotas: Micro, pequeñas y medianas empresas (según Ley 24.467) podrán abonar indemnizaciones y sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, ajustadas por IPC + 3%.
• Pacto de cuota litis: Limitado al 20%, con ratificación judicial obligatoria.
• Costas procesales: No superarán el 25% del monto de la sentencia, con prorrateo si es necesario.

Estos puntos buscan desincentivar juicios prolongados y aliviar la carga financiera de las empresas.

4. Incentivos fiscales para fomentar el empleo formal

El Título II del proyecto crea un «bono de crédito fiscal» para nuevas contrataciones en los primeros 18 meses de vigencia (prorrogable):

• Porcentajes por tamaño de empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes, aplicable a contribuciones patronales al SIPA durante 12 meses.
• Requisitos: Debe implicar un incremento neto en la nómina, y el trabajador no debe haber tenido relación laboral previa en tres meses (salvo programas de inserción). Excluye regímenes previsionales especiales.

Este mecanismo apunta a regularizar el empleo y estimular la contratación, con exclusiones para empresas con deudas fiscales o condenas penales.

5. Reformas en trabajo agrario y otros regímenes

Ley de Trabajo Agrario (26.727): Se excluyen actividades industriales, comerciales o de servicios, y se limita la responsabilidad solidaria a empresas usuarias, protegiendo a propietarios de tierras no productivas.

El proyecto también unifica el régimen de prenda con registro electrónico, facilitando garantías sobre bienes muebles.

Con el oficialismo fortalecido, el Gobierno ve en esta reforma laboral una oportunidad para avanzar en su agenda, pero enfrentará resistencias de sindicatos y oposición, sobre todo el puntos críticos e innegociables. El debate arranca el 10 de diciembre, con posibles enmiendas en comisiones. El foco estará en «generar empleo genuino y competitividad», según el oficialismo.