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Reacción de la justicia
Fue detenida en Río Cuarto por el crimen de Lorenzo Castro (67) en General Cabrera y descubrieron que tiene una condena a perpetua por un hecho similar en Buenos Aires. El ardid con el que engañaba a sus víctimas.
POLICIALES - JUDICIALES 27/02/2025La mujer acusada de asesinar a Lorenzo Oscar Castro (67) en General Cabrera fue definida como “una persona extremadamente astuta” que utilizaba el típico ardid de “viuda negra”. Cuando la detuvieron por el crimen del rematador de turf llevaba casi dos años prófuga por un ataque de idénticas características en Buenos Aires, revelaron fuentes consultadas por ElDoce.tv. No solo eso: aseguraba ser abogada e incluso haber sido jueza.
Gabriela Alcaraz (55), tal el nombre real de la sospechosa, quedó presa el martes a la noche en Río Cuarto, cuando los investigadores ya estaban tras sus pasos por la muerte de “Millón” Castro. El episodio ocurrió el miércoles 19 de febrero luego de un incendio generado en la habitación de la casa de la víctima.
La detenida quedó imputada de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por premeditación, en el marco de la causa tramitada ante el fiscal Javier Di Santo en los tribunales riocuartenses. A su vez será puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Federal de Ciudad de Buenos Aires N° 15, el cual la condenó a prisión perpetua en 2023 por un hecho similar y por el que tenía pedido de captura internacional a través de Interpol.
Consultados por ElDoce.tv, los hijos de Castro definieron como “maquiavélica” la historia detrás de la mujer que primero entabló una relación sentimental con su padre y luego una sociedad laboral. Todo en un lapso de no más de cuatro meses, afirmaron.
El abogado querellante, Alexis Alvarenga, consideró en diálogo con este medio que “el móvil del crimen es meramente económico”. En el mismo sentido recalcó: “El foco ígneo se inició a causa de la intervención premeditada de esta señora. No fue un accidente ni un incendio ocasional, fue intencional”.
Alvarenga afirmó que “las pruebas son contundentes” contra la acusada, sumadas al gravísimo antecedente por el que ya fue juzgada. Dentro de las evidencias en la investigación, el letrado señaló que Castro mantuvo una comunicación con su hija el mismo día del hecho y que en ese instante estaba acompañado por Alcaraz. De acuerdo con el resultado de autopsia, el fallecimiento se produjo pocos minutos después de ese contacto.
La imputada se desenvolvía socialmente en Río Cuarto “bajo la apariencia de ser una profesional del derecho y de haber pertenecido a la más alta magistratura”, advirtió el abogado de los hijos de Castro.
Decía ser ‘Gabriela Mallo’ y que había trabajado como jueza federal en Ciudad de Buenos Aires. El querellante alertó que el nombre es idéntico al de una magistrada que todavía está en funciones en un juzgado porteño. Por esta situación será investigada por usurpación de identidad.
“Falseaba identidad, falseaba títulos y falseaba profesión a los fines de captar la atención y respeto de sus posibles víctimas, sumado al temor por una personalidad supuestamente influyente”, indicó Alvarenga. “No me costó nada dar con la identidad de quien es realmente la jueza y de quien no lo era”, explicó a partir de su actividad profesional y por integrar distintos organismos a nivel nacional.
La mujer fija domicilio dentro de la provincia de Córdoba pero era habitual que cambiara su apariencia física y las direcciones de su casa. No se descartan más detenciones en los próximos días teniendo en cuenta que se movía con otras personas de su círculo íntimo.
“Ella tiene hijos y los presentaba públicamente como profesionales. A algunos les manifestaba que eran profesionales del derecho y de la salud, a otros que eran profesionales de las ciencias económicas. Un hijo actuaba con ella conjuntamente pero no está acreditado su grado de participación”, comentó el abogado querellante.
Reacción de la justicia
Un caso complejo
El fallo del tribunal se conocerá el 2 de junio, según confirmó en las últimas horas la Cámara 7ma. del Crimen de Córdoba. La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada, pero entre los imputados también hay 10 ex funcionarios provinciales.
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