Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, se sometió a un narcotest en el hospital San Roque y se hizo el análisis de laboratorio correspondiente al nuevo modelo que implementará la provincia contra la inseguridad y el narcotráfico.
El estudio permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina y se lleva adelante en cumplimiento de la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
El test, que puede realizarse en instituciones tanto públicas como privadas, es “obligatorio” para aquellas personas que desempeñen funciones públicas: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y quienes, por disposición legal o reglamentaria, “ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”.
Según la Ley, los funcionarios públicos deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite “la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, conocido como Narcotest.
En caso de incumplimiento del Artículo Nro. 66, que exige dicho certificado, se aplicará el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.
El resultado se comunicará a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
