A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno busca volver a la "libre competencia" entre las empresas de telefonía fija y móvil, internet y cable.
POLÍTICA - ECONOMIA10/04/2024
Este miércoles el Gobierno derogó a través del Decreto 302/2024 la norma de la gestión de Alberto Fernández que regula a los servicios de telecomunicaciones, en particular celular, internet y cable, para controlar sus precios.
La medida anula el Decreto 690 del año 2020 con el que el expresidente declaró como servicio público en competencia a toda la industria, medida con la que congeló futuros aumentos por algunos meses y dispuso al Estado como regulador de cualquier ajuste a futuro.
Pese al intento del último Gobierno de controlar la suba de estos servicios, este decreto se funcionó a medias debido a que las distintas empresas judicializaron sus reclamos con medidas cautelares que pausaron su aplicación total.
En este contexto, y en línea con la política de desregularización estatal de la gestión de Javier Milei, el Gobierno derogó esta medida de Alberto Fernández en busca de "restaurar el marco normativo de libre competencia".
El decreto de este miércoles modifica la Ley Argentina Digital (N° 27.078) actual, la cual, tras los decretos del 2020, dispone que las telecomunicaciones "son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia", por lo que "la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".
Además, las modificaciones dispuestas por Fernández introdujeron la posibilidad de que el ENACOM regule "los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia".
Ahora, los cambios de la gestión anterior fueron suspendidos y los proveedores de servicios de comunicación podrán competir libremente y actualizar sus precios sin regulación estatal.
Así lo dispone el decreto de este miércoles en sus considerandos, donde dice que la regulación sobre el sector "debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados".
El mismo decreto hace referencia a la "limitada" aplicación de las modificaciones del expresidente debido a los procesos de judicialización con los que las licenciatarias suspendieron su alcance.
Según el Gobierno, "dicha limitación judicial logró evitar la distorsión de precios relativos", un esquema que señala que "no ha podido replicarse en servicios públicos -luz, gas y agua- que mantuvieron una gran distorsión de precios relativos que los afecta".
Es por esto que se definió volver al sistema anterior que oficialmente marcaba la Ley Argentina Digital, con libre competencia y desregulación estatal.
Así, el artículo 1° de la medida marca: "Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
Con un nuevo decreto, el Gobierno nacional prohíbe que los municipios cobren impuestos a través de las facturas de gas y electricidad. La medida forma parte de una amplia reforma energética que incluye la fusión de entes reguladores y la desregulación del mercado.
Vuelta a la fecha original
Con el inicio de julio se concretó un aumento del 3,5% en los precios de la nafta y el gasoil. Parte del incremento responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que implementó la Nación.
El impacto podría erosionar aún más el poder de compra de los ingresos más bajos, que todavía sufren a pesar de la desaceleración inflacionaria.
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), emitió un duró pronunciamiento con fuertes críticas a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y denuncia la imposición de un «plan de disciplinamiento político y social» en el país.
Caos para 30 mil usuarios
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Una medida en contra del consumidor
Problema sin solución
