La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.
Además de esos proyectos, también se dio inicio al análisis del texto que incorpora la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación, iniciativa elaborada por la Coalición Cívica.
Al abrir el plenario, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, dijo que harán varias reuniones sobre negacionismo, sostuvo que "nos proponemos tratar de escuchar el arco posible más amplio y plural representativo de la sociedad" y destacó que Argentina "pudo construir una convivencia democrática basado en la política de memoria, verdad y justicia".
El debate sobre el negacionismo se reflotó a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
Yasky anunció que el martes próximo concurrirán a exponer a la comisión integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, y que ingresarán dos nuevos nuevos proyectos que contemplarán las posiciones de organismos de derechos humanos, con el objetivo de poder conseguir dictamen "en lo que resta del año".
Entre los testimonios de los invitados, tanto los abogados Pablo Llonto y Valeria Thus así como el sociólogo Daniel Feierstein plantearon que la solución no es aumentar las penas previstas en el Código Penal, plantearon algunos reparos vinculados a la libertad de prensa y se mostraron partidarios de insistir con la concientización del problema del negacionismo en la sociedad.
Llonto sostuvo que "los discursos negacionistas existieron siempre a lo largo de estos 40 años de democracia" y afirmó que "debemos reforzar las herramientas con las que contamos para hacerles frente pero no se soluciona engordando el Código Penal".
El sociólogo Feierstein señaló que "el primer problema que veo es que recurrir a una penalización" es "asignarle al derecho penal una función para lo que no fue creado, porque hablamos de negacionismo y no de apología de la violencia política, que ya está penalizada".
La abogada Thus manifestó que "en la actualidad se produjo un ingreso en el orden de lo decible de tópicos y expresiones de violencia" y señaló que "hay una discursividad social sobre la cual deben diseñarse políticas públicas abordando la discusión por la criminalización".
